Mato defiende la objetividad del reparto del fondo contra la pobreza infantil

La ministra de Sanidad, Servicios Socialese Igualdad, Ana Mato, ha defendido hoy el criterio establecido para repartir los 17,4 millones de euros del fondo para combatir la pobreza infantil porque es "objetivo", ante las críticas vertidas por algunas comunidades autónomas.

De esta manera se ha expresado Mato durante la rueda de prensa posterior al Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia en el que se ha acordado la distribución definitiva del fondo aplicando el indicador Arope, que es el que figura en la estrategia Europa 2020 de la Unión Europea.

Además del riesgo de pobreza, este indicador tiene en cuenta la baja intensidad de empleo en los hogares y la carencia material severa, como no poder comer carne, pollo o pescado cada dos días, no poder calentar la vivienda, o no disponer de 650 euros para gastos imprevistos, entre otros factores.

Comunidades como Andalucía, Cataluña y Asturias han señalado que,dado que este índice no incluye la población, sino solo la propia tasa Arope, favorece a las regiones menos pobladas.

Mato ha asegurado que antes de que se confirmara el reparto, las condiciones del mismo se pactaron con las comunidades autónomas en un par de reuniones, en las que ninguna planteó problemas alrespecto.

"Hemos buscado un criterio objetivo", ha insistido Mato.

No obstante, fuentes de su departamento han señalado que el Ministerio revisará junto a las autonomías los criterios utilizados para la distribución de posibles futuras partidas destinadas a la lucha contra la pobreza.

Las autonomías serán las responsables de pactar entre ellas los nuevos criterios, que una vez acordados, serán revisados por el Ministerio, han indicado las mismas fuentes.

De los 17,4 millones con los que cuenta el fondo, 1,4 millones serán para combatir la pobreza severa de las familias gitanas con hijos a cargo.

LAS TARJETAS DE APARCAMIENTO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA SERAN VÁLIDADS EN TODA ESPAÑA

La ministra también ha trasladado a los consejeros del ramo la decisión del Gobierno de unificar en un real decreto los criterios de uso de las tarjetas de estacionamiento de personas con movilidad reducida para que sean válidas en toda España y no solo en los municipios que las expiden.

También podrán hacer uso de estas tarjetas "en las mismas condiciones" las entidades que presten servicios sociales de atención a personas con movilidad reducida y que utilicen vehículos destinados al transporte colectivo en sus desplazamientos con los usuarios.

Además, las personas con movilidad reducida como consecuencia de una enfermedad muy grave podrán optar a un documento provisional equivalente a la tarjeta de estacionamiento, que les permitirá utilizar las plazas reservadas para las personas con discapacidad, por ejemplo cuando tengan que ir al hospital.

EVALUACIÓN DE DEPENDENCIA Y FONDO SOCIAL DE VIVIENDA

Por otra parte, la ministra ha informado de que el Consejo hadado luz verde a la tercera evaluación oficial prevista en la ley de dependencia correspondiente a 2013, que indica que en diciembre deese año había más beneficiarios con prestación (753.842) que en 2011 (738.587).

Según sus cifras, se han incorporado un total den 224.810 nuevos beneficiarios al sistema desde 2011 y la lista de espera se ha reducido en un 37,73 por ciento.

Además, el Consejo Territorial de Servicios Sociales ha analizadola ampliación de los criterios de acceso al Fondo Social de Vivienda (FSV) que se puso en marcha a principios de este año.

Así, en los primeros siete meses las solicitudes recibidas han aumentado en 252 (de las 1.537 que había a finales de 2013 a las 1.789 actuales); las admitidas han crecido en 152 hasta 1.181; las rechazadas son 491 (40 más); las solicitudes con vivienda asignada ya son 1.027 (247 más); las que todavía no tienen vivienda asignada suman 215 (44 más) y los contratos realizados son 695, 214 más que afinales de 2013, según datos a los que ha tenido acceso Efe.

El pasado mes de mayo se amplió el ámbito de aplicación para acoger más supuestos de vulnerabilidad social de modo que las personas prejubiladas o jubiladas que avalen las deudas de sus hijos o nietos pueden solicitar una casa del Fondo.

El FSV está destinado a quienes, como consecuencia de un desahucio, han perdido su vivienda a partir del 1 de enero de 2008.

Tras las modificaciones, se permitió que se queden en la vivienda quienes la hayan perdido por una ejecución forzosa y tras haber sido adjudicada y, en casos de dación en pago, a cambio de un alquilerreducido.

Pueden optar al fondo las unidades familiares con hijos menores de edad, y no solo los de menos de tres años. También las personas en situación de dependencia o con discapacidad.

Además se mantienen los requisitos anteriores como son la situación de desempleo y sin prestaciones, familias monoparentales, familias numerosas o violencia de género.