La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha presentado una demanda colectiva para defender en juicio a los más de 400.000 afectados por la obsolescencia programada en la gama de iPhone 6 causada, a su entender, por prácticas comerciales “injustas, engañosas y agresivas” de Apple. Por ello, pide una compensación de entre 99 y 189 euros para cada cliente afectado.
Así lo anunció este jueves en un comunicado en el que denunció que la multinacional ha actuado de manera “fraudulenta ocultando información a los usuarios” y, de este modo, “ vulnerando” la Ley de Competencia Desleal y la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Según OCU, el gigante tecnológico actualizó el software en los diferentes modelos del iPhone 6 para “enmascarar” los “problemas de rendimiento” de sus baterías y “sabiendo que esto causaría una ralentización y pérdida de rendimiento de los teléfonos”.
“Al hacer esto, los usuarios pensaron que el iPhone se les había quedado viejo, porque les iba “más lento”, un hecho que les empujó a cambiar de modelo”, espetó, para añadir que, “de manera deliberada”, la compañía les “condicionó” para renovar sus iPhone “causándoles un perjuicio económico” que cifró en entre 40 y 80 millones de euros, aproximadamente.
En su demanda, la OCU solicita a Apple una compensación, no solo por el perjuicio causado por el cambio de terminal o de batería al que se vieron obligados, sino también por los “daños morales”, pues, a su entender, la pérdida de rendimiento de sus dispositivos “hizo que vieran frustradas sus expectativas y su grado de satisfacción con la marca”.
Por todo ello, solicita una compensación de entre 99 y 189 euros, resultado de la suma del importe de la batería, que sería de entre 29 y 89 euros, según si el usuario se acogió o no al plan de reemplazo, a lo que hay que añadir un 10% del precio de compra del móvil, de entre 699 y 999 euros, según el modelo.
OCU anunció que asumirá “el gasto necesario para entablar esta contienda judicial”, pagando los honorarios de abogados y procuradores, “para que los afectados no tengan que incurrir en coste alguno”. “En caso de perder la acción judicial, tampoco tendrán que asumir las costas del proceso”, abundó, para exigir que la justicia “ponga freno a estos comportamientos lesivos”.
