El Observatorio Madrileño LGTB exige la aprobación de una Ley de Protección Integral al colectivo

El Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia, proyecto de la asociación madrileña Arcópoli en el que participan otras 15 entidades de la Comunidad de Madrid y que trabaja directamente los casos de incidentes de odio y discriminatorios al colectivo LGTBI ha exigido la aprobación en el Congreso de los Diputados de una Ley de protección integral al Colectivo LGTBI.

Según ha informado el Observatorio, desde el 1 de enero de 2017 hasta hoy, el Observatorio tiene registrados 217 incidentes de este tipo solo en la Comunidad de Madrid, lo que demuestra la situación de desprotección que aún sufre el colectivo LGTB.

Las personas LGTBI necesitan una protección integral de sus derechos para los que la ley LGTB presentada en el Congreso es una "magnífica oportunidad" de poder establecer herramientas claras en materias donde las leyes autonómicas no alcanzan.

Por ello, el Observatorio ve "vital" la aprobación de una ley que pueda desarrollar medidas para luchar contra la discriminación al colectivo LGTBI en campos como asilo y refugio, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Instituciones Penitenciarias, el Ejército o las embajadas y consulados, así¬ como proteger a Ceuta y Melilla en las competencias que no tiene transferidas.

Desde el Observatorio califican de "imprescindible" la ley específica LGTBI "como la recién aprobada en Malta y no una ley antidiscriminatoria en general como en Reino Unido o Alemania ya que las leyes generales que tratan la discriminación, como la ley española sobre la Intolerancia en el deporte trabajan algunas discriminaciones pero postergan a menudo las medidas contra la LGTBfobia".

"La situación legal que tenemos ahora con leyes autonómicas exclusivamente provoca que por ejemplo una persona que ofrecía curar a las personas LGTB en Madrid haya puesto su sede en Toledo, donde no hay ley aplicable", afirman desde el Observatorio.

"FALLO EDUCATIVO"

Tal y como han desgranado, la mayoría de los agresores son menores de 30 años, lo que implica que hay un "fallo educativo" en materia de respeto e igualdad. Por ello piden que la ley LGTBI profundice en una educación en valores, que hable de todas las realidades sociales y familiares.

Además, apuestan por que haya sanciones administrativas "para complementar el sistema de sanciones penales como ocurre en la regulación del tráfico o en la intolerancia en el deporte".

"Tenemos comprobado que apenas un 25 por ciento de las víctimas que llegan al Observatorio acuden a los tribunales, por lo que solo las medidas penales son claramente insuficientes", han apuntado.