Pablo Ibar pide revocar la condena a cadena perpetua porque "no hay pruebas sólidas" para mantenerla

El hispano-estadounidense Pablo Ibar, preso en EEUU desde 1994 por tres asesinatos de los que se declara inocente y por los que llegó a estar condenado a muerte, pidió este martes ante un tribunal de apelaciones la revocación de la cadena perpetua que le fue impuesta en 2019 y la celebración de un nuevo juicio.

La primera vista oral de la apelación presentada por el abogado de Ibar, Joe Nascimento, se llevó a cabo por videoconferencia sin la presencia del hispano-estadounidense de 50 años, que lleva más de la mitad de su vida preso por la muerte a tiros de Casimir Sucharsky, dueño de un club nocturno, y las modelos Sharon Anderson y Marie Rogers.

La defensa de Pablo Ibar, sobrino del mítico boxeador vasco José Manuel Ibar 'Urtain', ha mantenido ante el Tribunal de apelaciones de Florida (EE.UU.) que sigue sin haber "pruebas sólidas" para mantener la condena a cadena perpetua a su defendido por la comisión de un triple crimen. El letrado Joe Nascimento ha defendido que se quebró la cadena de custodia en la prueba de ADN que supuestamente involucra a Ibar y que el principal testigo de la acusación fue "influenciado" por la Policía.

La vista se desarrolló ayer por la tarde por videoconferencia ante el Tribunal de West Palm Beach de Florida. Nascimento puso en cuestión el valor de las pruebas que se utilizaron en el último juicio en el que el preso de origen español fue condenado a cadena perpetua, según ha informado la Asociación Pablo Ibar-Juicio Justo.

Por ello, solicitó a los tres magistrados que conforman la Sala la anulación de la sentencia que desde 2019 recae sobre Ibar y la celebración de un nuevo juicio "con todas las garantías legales". La Fiscalía ha solicitado la confirmación de la sentencia. El Tribunal está presidido por la magistrada Melanie G. May, y compuesto también pos los jueces Cory J. Ciklin y Jeffrey T. Kuntz.

En la vista, Joe Nascimiento sustentó su solicitud de anulación de la sentencia en doce motivos, entre los que ha destacado "las irregularidades" que se cometieron durante el proceso, que terminó con la condena de Ibar hace tres años, así como las decisiones de "absoluta parcialidad" en las que incurrió el juez Dennis Bailey, que dirigió el procedimiento.

Los hechos que se le imputan sucedieron en la localidad de Miramar, próxima a Miami en junio de 1994, cuando dos individuos armados irrumpieron en un chalet propiedad de Casimir Sucharski, dueño de un local nocturno, y acabaron con las vidas del dueño de la casa y de las jóvenes Sharon Anderson y Marie Rogers que se encontraban en el lugar.

La secuencia de los hechos fue grabada por una cámara de vídeo situada en el salón de la casa, que, en un momento determinado, captó el rostro de un joven con rasgos latinos que la Policía identificó con Pablo Ibar.

Por estos hechos, Ibar fue sentenciado a la pena de muerte en un segundo juicio --el primero fue nulo al no llegar el jurado a un acuerdo--, si bien, tras pasar 16 años en el corredor de la muerte, la condena fue revocada por el Tribunal Supremo de Florida, que estimó que no existían "pruebas físicas" que conectasen a Ibar con el asesinato. Tras esta decisión, el preso fue juzgado nuevamente entre 2018 y 2019 y condenado a cadena perpetua. Para este segundo juicio, la Fiscalía incorporó de manera inesperada una prueba de ADN.

Nascimento cuestionó precisamente en su informe la presentación de esta prueba, "que se conoció de manera sorprendente", solo unos meses antes de la celebración de la vista oral. El letrado recordó, en este sentido, que hasta ese momento todos los análisis que se habían efectuado habían dado negativo, de manera que "no había vestigio biológico alguno" que indicara que Pablo Ibar hubiese estado en el escenario de los hechos.

Las muestras genéticas fueron halladas en una camiseta que se encontró en la vivienda donde se perpetraron los crímenes y fueron de "valores tan insignificantes" que, según la defensa, "solo podían ser producto de una contaminación accidental durante la custodia de pruebas".

El abogado indicó, al respecto, que la cadena de custodia fue "muy defectuosa", que el laboratorio de análisis había recibido la camiseta en una bolsa con el precinto parcialmente abierto. Asimismo, recordó que está documentado en un vídeo sobre Ibar realizado en 2000 que las pruebas se guardaban en cajas de cartón "sin envolver individualmente" y destacó que "el fiscal manipulaba las pruebas" sin guantes, en dicho documental, y que otros funcionarios "manipularon algunas pruebas delante del propio jurado sin guantes en el último juicio".

DUDOSO TESTIMONIO

De la misma manera, Joe Nascimento puso en duda ante la Sala "la veracidad" del testimonio de un residente de la zona donde se perpetraron los delitos, llamado Gary Foy. Foy, que resultó clave para la Fiscalía, manifestó que, en la fecha en la que se perpetraron los asesinatos, vio a Pablo Ibar sentado en el asiento del copiloto del coche de la marca Mercedes de Casimir Sucharski.

La defensa indicó que los agentes de Policía mostraron la foto de Ibar del vídeo obtenido en la vivienda donde se cometieron los hechos con anterioridad a la rueda de reconocimiento presencial, y añadió que, en el transcurso de esta última diligencia, solo se encontraba Ibar de entre todas las personas cuyas fotografías se habían mostrado en el reconocimiento fotográfico.

En esta rueda, el testido había seleccionado dos fotos de personas no afeitadas y una de ellas era Ibar. Se da la circunstancia de que en la rueda presencial Pablo Ibar era el único que estaba sin afeitar.

Por todo ello, Nascimento concluye que los agentes de Policía fueron los que condujeron al testigo a una "probabilidad sustancial de identificación errónea". Es decir, ha considerado que se trata de "una prueba nada fiable".

Nascimento también se referió a la actuación del magistrado Dennis Bailey, que dirigió el último juicio en Broward County, al que acusó de "abusar de su discrecionalidad". También reprochó que al magistrado que apartara del jurado a uno de sus miembros que denunció haber sufrido presiones por parte de sus compañeros, algo que hizo público en las redes sociales.

El letrado cree que el juez "debería al menos haber indagado si hubo abuso o presión real o si meramente se trataba de las vehemencias normales en la discusión en un jurado".

FISCALIA

Psoteriormente, tomó la palabra la representante de la Fiscalía, Deborah Koenig, quien sostuvo que el proceso judicial se ajustó en todo momento a la legalidad. Además, argumentó que, en el caso del jurado expulsado, el juez había tomado la decisión "correcta", ya que los tribunales, según precisó, no deben intervenir en lo que discusiones internas de los miembros de un jurado.

Tras la vista de apelación, se abre un periodo de deliberación entre los miembros del tribunal. Esta fase se puede prolongar varios meses e incluso no se descarta que el fallo tarde en conocerse un año. En el caso de que la apelación no prospere en esta instancia, la defensa acudirá al Tribunal Supremo de Florida.