La defensa legal de la familia de uno de los dos militares fallecidos ahogados el pasado 21 de diciembre durante unas maniobras en la base de Cerro Muriano (Córdoba) ha pedido la prisión provisional para los tres mandos -un capitán, un teniente y un sargento- a los que investiga el juez militar que lleva el caso.
En el escrito remitido por los letrados del militar fallecido Miguel Ángel Jiménez al Tribunal Militar 21 de Sevilla, competente para la investigación mientras lo confirma la Audiencia Provincial, y consultado por EFE, se pide la "prisión preventiva, comunicada y sin fianza" para los tres mandos acusados por ahora de un presunto delito contra la eficacia del servicio.
Argumentan en su escrito que debido a la "fase embrionaria" de la investigación, la imposición de la prisión es necesaria "como medida preventiva" para "no perturbar la investigación" y evitar la "destrucción de posibles elementos probatorios" o la "perturbación de testificales".
En este sentido, consideran que el objetivo es la "salvaguarda" de los "materiales" o "documentos", ya sean escritos o gráficos, para que "no sean destruidos o desaparezcan".
También defienden la existencia de un delito de "ilícito penal" en la muerte de los dos militares y aseguran que el juez militar recoge en un auto que el caso "no sólo tiene una apariencia delictiva", sino que de forma "provisional" puede tener un carácter "penal" contra la eficacia del servicio, según la Ley Militar.