Disminuir la deuda municipal de 1,3 millones de euros plantando cannabis en los campos de la localidad. Es la medida que pondrá en marcha un ayuntamiento en Tarragona a pesar de las reticencias del gobierno catalán. La generalitat recurrirá a los tribunales. El consistorio lo defiende y creará dos empresas públicas que cederán los terrenos y actuarán de inermediarias. Los vecinos están divididos. Para unos favorecerá la creación de 40 puestos de trabajo, otros solicitan de su alcalde ajustes más serios.
