Begoña Ruiz-Mateos, una de las siete hijas del fundador de Nueva Rumasa, ha presentado una querella criminal contra doce personas, entre las que figuran sus seis hermanos varones y su primo Alfonso Barón, por los supuestos delitos de estafa, apropiación indebida, manipulación para alterar el precio de las cosas, administración desleal, insolvencia punible, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.
La querella, a la que tuvo acceso Europa Press, fue presentada el 3 de octubre por su marido, el italiano Antonio Biondini, en nombre propio y "en beneficio" de su esposa y de la sociedad de gananciales que forma el matrimonio. El Juzgado de Instrucción 16 de Madrid investiga ya la denuncia, según ha avanzado hoy 'El Mundo'.
Entre los querellados también están Angel de Cabo, Iván Losada y Fernando Lavernia, nuevos propietarios o gestores de Nueva Rumasa, así como el abogado Juan Pedro Cosano y el exdirectivo del 'holding de la abeja' Luis María Sanz Martín.
Begoña Ruiz-Mateos y su marido denuncian a los hermanos de ésta por incumplimiento de un acuerdo alcanzado en 2004 en el seno de la familia por el que las hijas renunciaban a la gestión y a sus derechos de herencia sobre las empresas del grupo familiar a cambio de pagos en efectivo y de varias propiedades inmobiliarias.
Ahora reclaman 260 millones de euros, correspondientes al valor de la 13¬ parte del valor de las empresas, activos y marcas de Nueva Rumasa en 2004 y como perjudicados por la venta "fraudulenta" del holding a sociedades vinculadas a Angel de Cabo, según detalla Biondini en un comunicado.
También denuncia que a él le deben "cuantiosas cantidades de dinero" y que el matrimonio tiene todos los bienes gananciales embargados porque los hipotecaron los hermanos de Begoña. Además, según consta en la querella, considera que los hermanos han iniciado actos dirigidos a la creación de la denominada Tercera Rumasa, "al haber utilizado como testaferros a amigos de la infancia de José María Ruiz-Mateos Rivero".
Así, afirma haber recibido "noticias en las últimas fechas" de que Enrique Coca Autran, amigo personal de José María Ruiz-Mateos Rivero, explota por cuenta del mismo, el restaurante La Pimienta, de Majadahonda, y otro que está a punto de ser abierto en Madrid, una información que habrá de ser investigada por el Juzgado.
TRANSFERENCIA DE "CUANTIOSOS" ACTIVOS INMOBILIARIOS
Asimismo, asegura tener conocimiento de que el antiguo director inmobiliario del grupo Luis María Sanz Martín figura como testaferro al frente de nuevas compañías a las que han transferido los "cuantiosos activos inmobiliarios" de la familia y de los que, a su juicio, "una treceava parte corresponde a Begoña Ruiz-Mateos".
Según la querella, Antonio Biondini ha tenido noticias de que parte del dinero donado por la familia a instituciones religiosas ha sido reclamado por los seis hermanos para seguir operando con esos fondos en el ámbito mercantil y crear nuevos negocios. En concreto, alude a cantidades que podrían superar los cinco millones de euros.
Igualmente, el marido de Begoña Ruiz Mateos afirma tener constancia de que los seis hermanos Ruiz-Mateos Rivero, con la ayuda de Alfonso Baron, Luis María Sanz y el abogado Juan Pedro Cosano han ejecutado operaciones para "sustraer todas las marcas de las empresas del grupo Nueva Rumasa, que estaban a nombre de compañías extranjeras, y reintegrar a supuestos acreedores la titularidad de algunos hoteles a cambio de dinero", en perjuicio de otros deudores.
"PACTOS SECRETOS" CON ANGEL DE CABO
Sobre la operación de venta de Nueva Rumasa, asevera que "existen pactos secretos" con Angel de Cabo que tienen por objeto "el reparto de los beneficios logrados con las operaciones de liquidación y con los concursos de acreedores".
Begoña Ruiz-Mateos y su marido, que se reunieron con el equipo del empresario valenciano para revertir la operación de compraventa, acusan también a los seis hermanos Ruiz-Mateos de "boicotear" este intento de recuperar las empresas.
En la denuncia pide que se decrete la prisión provisional de los doce querellados, aunque "eludible" tras depositar una fianza que compense la estafa de la que se consideran objeto y, en su defecto, que se ordene el embargo de sus bienes "en cuantía suficiente para atender dichas responsabilidades", que cifran en unos 260 millones.
Asimismo, solicitan la suspensión de todos los procesos concursales y la fase de liquidación de las empresas de Nueva Rumasa, en tanto el juez penal no investigue "dónde han ido a parar los activos, marcas y dinero alzados en perjuicio de los acreedores".
En su comunicado, Antonio Biondini y Begoña Ruiz-Mateos afirman que si consiguiesen el pago de los 260 millones que reclaman, una vez cubiertas sus deudas personales, "pondrán a disposición del resto de acreedores e inversores de pagarés parte del dinero que se recuperara", en su intención de "hacer lo que haga falta para que su padre no quede como un ladrón y un estafador".
