Soria admite que el gas inducido "podría estar en el origen" de los seísmos

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha asegurado que la actividad del almacenamiento de gas Castor no se reanudará "mientras no haya garantías totales para la seguridad de la población".

En declaraciones a los medios de comunicación antes de comparecer en el Congreso de los Diputados, Soria ha insistido en que "lógicamente no se autorizará a inyectar nuevo gas" mientras no se cuenten con todas las garantías.

El Ministerio de Industria cesó la actividad del almacén subterráneo de gas Castor, ubicado frente a las costas de Vinaròs (Castellón), el pasado jueves tras registrase cientos de pequeños seísmos en la zona.

En ese sentido, el ministro ha apuntado que "hay una probabilidad muy alta" de que los seísmos se deban a la inyección de gas colchón -el mínimo necesario para funcionar-, según indica el Instituto Geológico Nacional y el Instituto Geográfico, aunque todavía no hay "constancia científica".

"NO SE DARÁ LA AUTORIZACIÓN DEFINITIVA"

Soria ha dicho que "lo que tenía la instalación era una autorización provisional para hacer pruebas", que actualmente se encuentra en suspenso "hasta que sepamos exactamente qué ha pasado", algo se conocerá "en los próximos días".

En ese sentido, ha subrayado que "no se dará la autorización definitiva" hasta que no se conozca la relación exacta entre los movimientos sísmicos y la instalación.

Ha insistido en que "ahora mismo la prioridad del Gobierno es saber por qué se están produciendo esos movimientos sísmicos" y que, hasta que no se desvele, "no podemos decir cómo vamos a actuar".

Para ello, el Gobierno ha establecido una coordinación entre los ministerios de Interior, Agricultura, Economía e Industria bajo la dirección de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

Además, el Gobierno está en contacto con la Generalitat de Cataluña, la de Valencia, las delegaciones de Gobierno y los expertos de los institutos geográfico y geológico.

En el plano económico, ha indicado que la financiación de esta infraestructura "corre a cargo de todo el sistema" gasista, pero solo una vez que empiece a funcionar, algo que todavía no ha sucedido.

Sin embargo, Soria no ha aclarado si se plantea la posibilidad de suspender definitivamente el proyecto ni, en su caso, quién asumiría los costes de inversión, porque "no estamos en esa hipótesis".

Por otra parte, ha señalado que el proyecto Castor contaba con una declaración de impacto ambiental, concedida en 2009, en la que el "no estaba incluido" ningún "posible riesgo sísmico".

LA GENERALITAT PODRÍA DENUNCIAR EL PROYECTO

La Generalitat ha pedido a sus servicios jurídicos que estudien las "vías judiciales" que podrían emprenderse contra el almacén de gas subterráneo Castor, ha anunciado hoy en l'Aldea el delegado del Govern en las Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès.

"Esta mañana hemos hablado con el conseller de la Presidencia, Francesc Homs, y ya hemos dado órdenes para que los servicios jurídicos de la Generalitat estudien la opción de personarse por la vía judicial para exigir responsabilidades", ha afirmado Pallarés.

El delegado ha recalcado que la Generalitat no tiene ninguna competencia sobre este proyecto pero sí que tiene "la responsabilidad de responder a la ciudadanía".

"Utilizaremos todos los mecanismos que estén en nuestras manos", ha recalcado el delegado de la Generalitat en las Terres de l'Ebre.

Pallarés participará esta tarde en una reunión con todos los organismos de la Generalitat competentes en la materia, a la que asistirá también el conseller de Interior, Ramon Espadaler. También asistirán a esta reunión en Alcanar (Tarragona) el director del Instituto Geológico de Cataluña (IGC), Antoni Roca, y el jefe de sismología del IGC, Xavier Goula, para evaluar conjuntamente con los alcaldes de la zona esta crisis sísmica.