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La Audiencia Provincial de Madrid ha suspendido hoy el juicio contra el abogado Javier Saavedra por estafar, supuestamente, al empresario barcelonés Javier Rigau.

Saavedra se ha presentado sin abogado alegando que éste se ha negado a defenderle por tener hoy un importante señalamiento del juicio de la Gürtel. El tribunal ha acordado suspender el juicio ya que es necesario que el acusado cuente con un abogado. La vista no se celebrará hasta 2018.

La Audiencia Provincial de Madrid iba a juzgar este martes al abogado Javier Saavedra, conocido por defender a personajes famosos como Julián Muñoz o a la duquesa de Alba, por supuestamente haber estafado al empresario barcelonés Javier Rigau, marido de la actriz italiana Gina Lollobrigida.

El Ministerio Fiscal le acusa de delito de deslealtad profesional, en concurso con un delito continuado de estafa agravado por el abuso de relaciones personales, y otro de apropiación indebida, por lo que pide cinco años de cárcel y una indemnización a Rigau de 433.083 euros y 34.000 para una procuradora.

Saavedra es un famoso letrado que ha defendido, entre otros, al exalcalde de Marbella Julián Muñoz, a la duquesa de Alba Cayetana Fitz-James Stuart y a Tony Alexander King, condenado por el asesinato de la joven Rocío Wanninkhof.

Los hechos se remontan a 2006 cuando al hacerse público el enlace con Lollobrigida, ciertos medios de comunicación comenzaron una campaña contra el empresario al que tildaron de mentiroso, gigoló o delincuente.

Ante estos improperios, afirma el escrito del fiscal, Rigau contrató a Saavedra, que "tenía un gran prestigio como letrado en causas contra el derecho de honor", y "confió en el abogado para que estudiara e interpusiera cuantas demandas estimara necesarias para defender sus derechos".

MÚLTIPLES DEMANDAS PARA CONSEGUIR DINERO

Saavedra, que administraba todo el dinero que ingresaba del empresario, "decidió interponer durante los años 2007 y 2008 contantes y repetidas demandas" contra el derecho al honor de Rigau. Llegó a presentar "más de 25 demandas" y a "pedir desproporcionadas cantidades económicas a los demandados" que difamaban a su cliente, entre 200.000 y 300.000 euros. Todo ello, añade el escrito, "con el exclusivo ánimo de cuantas más demandas se presentaran y cuanto más dinero se reclamaba, más facultado estaba para interesar de Rigau mayores cantidades económicas como provisión de fondos y minuta profesional para después desatender su labor profesional".

Por ejemplo, el Juzgado número 68 de Madrid reclamó a Rigau en 2006 una fianza de 6.000 euros para el pago de una fianza, pero Saavedra le engañó pidiéndole 12.000. También se le requirió a Rigau 62.000 euros como pago en concepto de procuradores, pero la única procuradora que participó en unas 20 demandas no cobró por ninguna de ellas, "enriqueciéndose el acusado" con este dinero.

Igualmente, en 2006 Saavedra presentó una demanda contra Telemadrid por decir que Rigau era un "cazafortunas" y "cameló a una anciana de 86 años" y pidió 200.000 euros. Pero no fue esta cadena sino Telecinco la que emitió el programa.

"Por este error y por haber presentado dicha demanda 'por mi compañero' y por no constar autorización alguna del cliente, ni poder, errores solo imputables a la dirección letrada del acusado, se tuvo que desistir del procedimiento", y Rigau fue condenado en costas por el Juzgado número 7 de Madrid al pago de 2.727 euros. Un caso similar sucedió en 2008 con otra demanda a Cuatro. No se aportó el CD de la grabación ni los poderes de representación que autorizaban a intervenir en nombre del cliente, quien fue condenado en costas al pago de 16.007 euros.

En el escrito, el fiscal asegura que "de las 44 demandas prometidas, pagadas y firmadas por Saavedra a Rigau, sólo se pusieron la mitad" y, pese a ser cobradas anticipadamente por el letrado, solo se ganaron dos importes muy inferiores a los solicitados por el abogado, "perjudicando notoriamente a su cliente desde el punto de vista moral y económico", que, en total, supera los 144.483 euros en condena en costas.

Rigau entregó más de 322.600 euros a su abogado.