Toda una vida de dudas y cuatro años de trámites a la espera de justicia

Toda una vida de dudas llevan los cientos de afectados por los supuestos casos de bebés robados en hospitales y clínicas españolas a mediados del siglo pasado, y cuatro han transcurrido desde que Antonio Barroso descubrió que había sido robado en Zaragoza e iniciara los trámites en busca de justicia.

Se calcula que en España podría haber unos trescientos mil afectados por adopciones ilegales realizadas entre los años 1960 y 1990, el 15 por ciento de los dos millones de adopciones que se llevaron a cabo en esa época, ha explicado a Efe Antonio Barroso.

Barroso descubrió la ilegalidad de su adopción cuando en el lecho de muerte el padre de su mejor amigo le confesó que ambos habían sido comprados a una monja que todavía vive, algo que él siempre había sospechado, pero que su madre le negaba, además de que constaba como hijo biológico.

Cuando hace cuatro años descubrió su situación, se sintió engañado y confundido y fundó la asociación ANADIR para reunir a los afectados y animar a todos aquellos que lo sospecharan a denunciarlo ante la Justicia e iniciar la búsqueda de sus familiares.

Hoy se han dado cita en Zaragoza, donde se han tomado muestras de ADN y los juristas y responsables de la Asociación han explicado al centenar de asistentes los pasos a seguir, como la necesidad de acudir al hospital en busca de certificados de nacimiento, de defunción y de enterramiento.

Algo de lo que carece en su totalidad María Gloria Esteban, nacida el 25 de agosto de 1947 y que busca al supuesto hermano mellizo que su madre le aseguró que vio nacer en el Hospital Provincial de Zaragoza, que le comunicaron que había muerto pero del que no hay ningún rastro ni de nacimiento ni de defunción.

Animada por su hija, María Gloria inició un periplo de búsqueda que le ha generado mucha ansiedad y en el que no tiene puesta ninguna esperanza.

Sin embargo, Ángela Lonca sí que está convencida de que encontrará a su tercera hija, un bebé que según le dijo el médico de la Clínica Perpetuo Socorro de Lleida se había ahogado con el cordón umbilical y nació muerta el 8 de agosto de 1976, pero del que tampoco ha encontrado ni el certificado de defunción del médico ni de enterramiento.

La niña la pudo ver un instante su marido y al parecer no estaba ni amoratada ni negra pero, cuando más recuperada de la cesárea, solicitó verla al día siguiente, "ya se la habían llevado", ha explicado a Efe Ángela Lonca, quien comenzó a sospechar de su caso hace tres meses tras conocer que la clínica donde dio a luz estaba implicada en un elevado número de casos de bebés robados.

Hasta la sede de CCOO de Zaragoza, donde se ha celebrado la reunión, se ha acercado también un joven de 33 años que ha preferido mantener el anonimato porque no le ha confesado nada a sus padres no biológicos, de quienes no le ha faltado el cariño ni cambiaría.

Sin embargo, este joven se ha hecho la prueba de ADN porque sospecha que su adopción no fue legal, porque no le cuadran ni fechas ni nombres cuando busca sus referencias en el Hospital Miguel Servet, donde nació en 1977.

Según ha confesado a Efe, ha iniciado la búsqueda de su familia biológica no por ánimo de venganza, porque no le ha faltado cariño, sino por sentir una carencia a nivel personal, por necesidad y para conocer respuestas.

Al no existir un banco nacional de ADN, la Asociación ha emprendido una toma de muestras con la ayuda de Genómica Sau, que almacena entre 800 y 900 pruebas, una cifra muy baja para la cantidad de afectados que podría haber pero que ha permitido confirmar cinco reencuentros de madres con sus hijas, ha informado a Efe Amaya Gorostiza, encargada de la extracción de hoy.

El proceso judicial va más lento ya que, según el abogado David Serra, es necesario analizar caso por caso y ver qué vía es más adecuada si la penal o la civil, ya que hasta el momento las demandas se han presentado de forma colectiva y se han juzgado pocos casos, mientras que denunciarlo como trama tampoco tiene posibilidades reales.

Ahora también depende de que se considere como delito de Estado para que el caso no prescriba.