La DGT investiga a través de varias denuncias la vandalización de siete radares ubicados en diferentes carreteras convencionales, dos de ellos en la Comunidad de Madrid.
La DGT ha recordado que la vandalización de radares es constitutiva de un delito de daños tipificado en el Código Penal que prevé pena de prisión de 1 a 3 años y multa de 12 a 24 meses.
Tráfico avisa de que estos actos vandálicos, además del delito en sí mismo de atentar contra un bien público, "afectan también a labque es el fin último que persiguen los puntos de control de velocidad que están ubicados por toda la geografía española".
Asimismo, apunta que los autores de los hechos deberán también responder por el coste económico de cada punto de control que, en el caso de los radares fijos asciende a unos 67.000 euros y en el de los de tramo a unos 66.000 euros.
Tanto los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil como los de Seguridad Ciudadana reforzarán la vigilancia en los puntos en los que están instalados los radares para evitar que se produzcan este tipo de actos.
Además, se han colocado cámaras de vigilancia en los mismos directamente conectadas con los Centros de Gestión de la DGT con el fin de detectar posibles sabotajes y permitir la actuación inmediata de las patrullas de la Guardia Civil.