Veintiocho detenidos por tráfico de menores marroquíes

La Policía Nacional ha detenido a veintiocho personas -una de ellas en Madrid- y desarticulado dos organizaciones dedicadas al tráfico de menores marroquíes en una operación conjunta con Europol llevada a cabo en varias provincias españolas. Los investigadores estiman que más de un centenar de niños han sido víctimas, informa la Dirección General de la Policía.

En una primera fase fueron detenidas 22 personas: En Madrid (1), Oviedo (5), Gijón (2), Castellón (4), Algeciras (1), Zamora (3), Barcelona (3), Lleida (1), Bilbao (1) y Murcia (1), y en la segunda las otras seis: En Jerez de la Frontera (3), Bilbao (2) y Barcelona (1).

Tras ser captados en Marruecos los menores cruzaban la frontera clandestinamente llegando a pagar unos 2.000 euros si era en patera, 5.000 en moto de agua y 2.500 si se utilizaban coches o camiones, aumentando los precios considerablemente si las condiciones meteorológicas eran adversas incluso hasta los 8.000.

En la primera fase de la operación, en la que quedó desarticulada una de las organizaciones, varios de los detenidos de origen marroquí trabajaban como personal laboral en un centro de menores de Asturias.

Las investigaciones posibilitaron en una segunda fase la desarticulación de otra organización interconectada con la primera y dedicada al secuestro de los menores al llegar a las costas españolas, donde eran ocultados en bosques de la provincia de Cádiz o en pisos de la organización sin dejarles continuar su periplo hasta que sus familias de origen en Marruecos pagaran 500 euros.

En dos días desde su llegada a las costas un menor podía pasar de Cádiz al norte de España.

Las pesquisas se iniciaron tras la detección de un incremento notable de los menores extranjeros no acompañados marroquíes en un centro de Asturias, procedentes en su mayoría de una pequeña zona cercana al desierto del Sahara.

Tras varias gestiones los agentes identificaron y detuvieron a tres de los trabajadores de este centro, también marroquíes, dedicados a traficar directamente con los menores desde Marruecos a España, así como al control, supervisión y realización de gestiones documentales de los mismos.

Además en uno de los registros fue encontrado uno de los menores en el domicilio de una detenida, que conminaba a los niños a que acudieran a la vivienda para realizar labores domésticas cercanas al servilismo.

Entre los detenidos en la primera fase del operativo se encuentran los que organizaban las pateras, gestionaban los traslados en España, alojaban a los niños previamente al ingreso en los centros de menores y se encargaban de su documentación.

La Policía destaca la suma especialización de la organización y la extrema precaución que adoptaban con medidas de seguridad que utilizaban en sus comunicaciones empleando aplicaciones de voz IP.

Durante la captación de los niños era habitual que los detenidos solicitaran a los familiares de los menores una cantidad económica en función del método utilizado para el tráfico y en un primer momento los llevaban hasta Tánger, donde una persona de hacía cargo de ellos.

Tras cruzar la frontera eran trasladados a las provincias de Castellón, Barcelona, Oviedo y Bilbao, donde se les ofrecía alojamiento y las indicaciones oportunas para que comunicasen en dependencias policiales su minoría de edad y una vez en los centros de menores les controlaban y les gestionaban la documentación.

La organización contaba en Marruecos con los contactos oportunos para llevar a cabo los cruces clandestinos de fronteras con gran profesionalidad, utilizando distintos métodos en función de los cuales variaba el precio. Si la embarcación era tipo patera el cobro era de 1.500 a 2.000 euros por el trayecto desde Marruecos hasta Cádiz, en el caso de utilizar barcos pesqueros a los que se acercaban pateras para el desembarco de los menores era de 2.000 a 3.000, para el traslado en motos de agua ascendía a 5.000 y el uso de coches y camiones por puestos fronterizos como Ceuta y Melilla se pagaba con 2.500.

El cruce con documentación de otra persona con cierto parecido físico iba de 5.000 a 6.000 euros.

Los miembros de la segunda red actuaban totalmente coordinados con los traficantes de Marruecos. De hecho, no dudaban en mandar sicarios para amenazar o agredir a los miembros de otras organizaciones que les quitaban a los niños.