La titular del Juzgado de Instrucción número dos de Majadahonda ha nombrado administrador judicial para gestionar la cadena dental Vitaldent. La magistrada ha designado para esta labor al abogado cordobés Francisco Estepa, que se encargó de la administración del Real Betis, han informado fuentes de la compañía.
La magistrada envió el pasado 18 de febrero a prisión al presidente de la entidad, Ernesto Colman, el vicepresidente, Bartolo Conte, y otros miembros de la cúpula directiva como los hermanos Javier y Oscar Arteaga, Nicolás Sissini y Yolanda Copete Piris.
En el caso del presidente de Vitaldent, Ernesto Colman, el vicepresidente, Bartolo Conte y los miembros de la 'cúpula' Javier Arteaga y Nicolás Sissini, la juez les imputa delitos contra la Hacienda Pública, delito continuado de blanqueo de capitales, un delito de falsedad en documento oficial y mercantil, un delito de estafa y apropiación indebida, un delito contable y un delito de organización criminal.
Les considera responsables de haber diseñado y participar en un complejo sistema defraudatorio hacia franquiciados, clientes y pacientes, así como a la propia Hacienda Estatal, valiéndose de su cargo como principales responsables de la empresa.
También acordó el ingreso en prisión comunicada sin fianza de Yolanda Copete Piris y Oscar Alteaga Gálvez, presuntos responsables o cooperadores necesarios de delitos contra la Hacienda Pública, un delito continuado de blanqueo de capitales, un delito de falsedad en documento mercantil y oficial y un delito de organización criminal.
FRAUDE A LOS FRANQUICIADOS
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional desplegó la operación ante la sospecha de que el propietario de la cadena especializada en salud dental estaba exigiendo a sus franquiciados que le pagasen el 10 por ciento de lo acordado en metálico. Los investigadores cifran el fraude en torno a los 10 millones de euros.
En total, en el operativo fueron arrestadas 13 personas en la Comunidad de Madrid y una en Torrevieja (Alicante) y se practicaron numerosos registros, en los que los agentes se incautaron de hasta 1,2 millones de euros en efectivo -400.000 euros en el domicilio del presidente, 100.000 en el despacho que compartían Conte y Sisinni, 66.000 euros en el de Javier Arteaga y 615.000 en el de su hermano Oscar-, así como un avión valorado en un millón de euros, 36 coches, varios de ellos de alta gama, y varias fincas.
Según estas investigaciones, los arrestados formaban parte de un grupo organizado creado dentro de la estructura empresarial, diseñado para eludir el pago de impuestos a la Hacienda Pública. El procedimiento que seguía la trama era desviar el dinero que recibían en metálico fuera de España, concretamente a Suiza y Luxemburgo. Luego ese dinero se reinvertía de nuevo en España. Se hacían con artículos de lujo, o creaban nuevos negocios.
