Dos personas detenidas y otras cinco imputadas por la macrofiesta en Llinars del Vallés (Barcelona)

Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos personas e investigan a otras cinco por organizar la fiesta ilegal en una nave abandonada de Llinars del Vallès (Barcelona), cuyo desalojo ha concluido con la identificación de todos los participantes en la misma.

Según informa la policía catalana en su cuenta de Twitter, los Mossos han detenido a dos personas e investigan a otras cinco como presuntos organizadores de esta 'rave' que comenzó la noche de fin de año, si bien la investigación continúa todavía abierta.

El dispositivo para desalojar la nave de Llinars, en la que esta mañana todavía permanecían unas trescientas personas, ha comenzado pasadas las doce del mediodía y ya ha concluido con la detención e investigación de los organizadores y con la identificación de todos los participantes.

Más de 200 policías de diferentes unidades han participado en este operativo que se ha puesto en marcha casi 40 horas después del inicio de esta macrofiesta ilegal.

En las próximas horas, los dos detenidos pasarán a disposición judicial.

La consejería de Interior de Cataluña ha requerido a la Fiscalía que determine si los organizadores de la fiesta ilegal de Llinars del Vallès (Barcelona) han podido cometer un delito contra la salud pública.

El desalojo de la nave de Llinars en la que se ha celebrado una macrofiesta ilegal que ha durado casi 40 horas y que se ha saldado con dos personas detenidas y otras cinco imputadas por su participación en la organización de la misma.

Posible delito contra la salud pública

Los responsables de la organización de esta fiesta están acusados de un delito de desobediencia grave y pueden ser sancionados con una multa de hasta 600.000 euros por incumplir las medidas anticovid.El consejero ha explicado que se han abierto diligencias penales previas en el juzgado de guardia de Granollers (Barcelona) para que dirima estos presuntos hechos delictivos.

Además, se ha formulado una consulta a la Fiscalía para que determine si esta actitud constituye un delito contra la salud pública