Los 98 detenidos de la red que adulteraba gasóleo defraudaron 5,5 millones

La red dedicada a la adulteración de gasóleo desarticulada por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria defraudó a Hacienda 5,5 millones de euros sólo en el impuesto de Hidrocarburos, pero el análisis de la documentación intervenida aumentará de forma considerable esta estimación "prudente".

Responsables de las dos instituciones han ofrecido una rueda de prensa para dar a conocer los detalles de la operación "Nehar", iniciada por la Agencia Tributaria en 2011, llevada a cabo en 24 provincias de once comunidades autónomas y que se ha saldado con 98 detenidos, 52 registros y 50 inspecciones en gasolineras.

Aún no se puede saber el montante del fraude a la Hacienda Pública, pero sólo en el impuesto de Hidrocarburos ha alcanzado los 5,5 millones de euros en ocho meses, lo que equivale a una distribución de 20 millones de litros de combustible. Pero si calcula el fraude de este impuesto desde el inicio de la operación, la cifra se elevaría a los 12,5 millones de euros, a los que se sumaría la defraudación, aún por determinar, en el IVA y en otros impuestos.

Durante la operación, en la que han participado 750 agentes de ambas entidades, se han bloqueado numerosas cuentas bancarias de las nueve organizaciones desmanteladas y se han incautado 1,2 millones de euros en metálico.

La red contaba con sus propias gasolineras y monopolizaba el mercado en la zona donde se instalaban, ya que ofrecía el combustible a precios bastante más bajos. Esto, según han resaltado los responsables de la investigación, provocó un efecto cascada, puesto que otras gasolineras "abanderadas" no tenían más remedio que comprar a la organización el combustible para poder competir en precios.

GASOLINERAS PRECINTADAS

Alguna de esas gasolineras ha sido precintada, pero debido al carácter secreto de las actuaciones, los responsables de la investigación no han querido concretar los establecimientos de este tipo implicados en esta trama ni los nombres o marcas de los mismos. Fue la Agencia Tributaria la que comenzó a investigar tras detectar en Castilla-La Mancha un fraude de empresas radicadas allí y localizar posteriormente dos establecimientos donde se adulteraba el gasóleo.

En colaboración con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se tiró del hilo hasta dar con nueve grupos, sin dependencia orgánica y jerárquica entre ellos, con una estructura piramidal y con miembros que ya habían sido detenidos en 2009 en otra operación similar, la Toleum.

GASÓLEO AGRÍCOLA Y DE CALEFACCIÓN

La trama adquiría gasóleo agrícola y de calefacción (los tipos B y C), bonificados fiscalmente, manipulaba el producto resultante para eliminar las sustancias que permiten diferenciarlo a simple vista del gasóleo A y lo mezclaba con otros productos no sujetos al impuesto para abaratar aún más su coste fiscal.

Con ello reducían notablemente sus costes, pero ocasionaban importantes perjuicios al consumidor dada la baja calidad del carburante que comercializaba, así como para otras gasolineras afectadas por esta competencia desleal y a las que no les quedaba más remedio que rebajar su precios.

Para su actividad ilícita, tenían repartidas sus funciones, desde proveedores de hidrocarburos, transportistas, centros clandestinos de transformación y clientes del producto final (estaciones de servicio cómplices y grandes consumidores).

Además, contaban con una serie de sociedades instrumentales y receptores de facturas falsas cuyo papel era fingir la recepción del gasóleo bonificado, justificando con ello el destino legal que teóricamente daba el proveedor a los gasóleos B y C.

24 PROVINCIAS

La trama extendía su actividad en 24 provincias de las comunidades de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra y Comunidad Valenciana.

Del total de detenidos y registros efectuados, 23 y 10 corresponden, respectivamente a Castilla-La Mancha; 7 y 6 a Murcia; 10 y 4 a la Comunidad Valenciana; 22 y 12 a Andalucía; 24 y 14 a Madrid; 7 y 4 a Cataluña; 2 y 1 a Castilla y León y 1 y 1 a Galicia. Mientras, en Navarra ha habido dos detenidos y en Aragón, 1.

Los detenidos están acusados de delitos contra la Hacienda Pública, de estafa, falsedad documental y organización criminal, según los investigadores, que no descartan nuevas detenciones y registros.

138 PERSONAS FÍSICAS Y 104 PERSONAS JURÍDICAS

Se han efectuado de 52 entradas y registros en domicilios de particulares y empresas, se han incautado 1,2 millones de euros en metálico y se han intervenido 331 vehículos y 128 inmuebles. Hasta el momento, se han obtenido pruebas e indicios de la participación, en mayor o menor grado, de 138 personas físicas y 104 personas jurídicas.

Destacan, entre ellos, una fábrica de biodiesel; 37 titulares de establecimientos dedicados a la producción, distribución y comercialización al por mayor de hidrocarburos; 46 estaciones de servicio; 13 transportistas; 9 posibles centros de transformación y numerosos receptores de facturas falsas. Los agentes han tomado muestras del gasóleo que comercializaba la trama que se está analizando.