49 detenidos, 12 de ellos farmacéuticos, por tráfico ilegal de medicamentos

La Guardia Civil ha desmantelado una red de tráfico ilegal de medicamentos para el tratamiento oncológico de menores, que contaba con almacenes en Madrid, y cuyas operaciones movieron hasta 40 millones de euros, creando una situación de desabastecimiento e incurriendo en un delito de salud pública y falsedad documental.

Hasta el momento se han detenido a 49 personas, doce de ellas titulares y trabajadores de farmacias, y se han llevado a cabo siete registros en farmacias y almacenes en la Comunidad de Madrid, Barcelona, La Coruña y Lugo, donde se han localizado gran cantidad de fármacos, dinero y documentación.

Según ha explicado el coronel Rubén Valero en una rueda de prensa hoy en la comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos, la conocida como Operación Noisa arrancó tras la denuncia de la Asociación de oncología infantil, que alertó del desabastecimiento de la medicina y otras sustitutorias.

La investigación, iniciada a mediados de 2013, ha descubierto que la trama delictiva había creado un comercio "inverso", paralelo al habitual, por el que los laboratorios vendían la medicina a farmacias, que después la vendían a empresas que exportaban al extranjero.

Asimismo, contaban con una red de seis almacenes -tres de ellos en la Comunidad de Madrid, y el resto en Barcelona, La Coruña y Lugo-, y utilizaban numerosas empresas de transporte para trasladar el material, coincidiendo siempre que el último tramo lo realizaban con una empresa propia, para dificultar ser investigados.

En la rueda de prensa también se ha señalado que habitualmente la medicina se enviaba a Holanda, Dinamarca, Bélgica e Inglaterra. Los agentes también han matizado que el precio del medicamento en España está fijado en cerca de seis euros por caja, mientras que la trama podía venderlo por hasta 50 euros en otros países de Europa; lo que permitía un tránsito de dinero de cinco millones de euros anuales.

Para conseguir este beneficio, la trama contaba con más de cuarenta empresas, dirigidas por cuatro personas, aunque después había "una gran cantidad" de testaferros que facilitaban el blanqueo de dinero, que habitualmente se llevaba en depósitos legales en cuentas en el extranjero.

Desde la Guardia Civil también han indicado que el principal sospechoso tiene 67 años y tenía más de 107 propiedades en total, entre ellas una casa valorada en ocho millones de euros.

El responsable de la oficina nacional de investigación del fraude, José María Martínez, ha señalado que la Agencia Tributaria ha colaborado a petición de la Guardia Civil y del juez, con el objetivo de cuantificar el fraude y el blanqueo de capitales.

Con todo, Martínez ha señalado que ésta se puede convertir en "la primera piedra para evitar que este tráfico de medicamentos se siga produciendo". La investigación, que aún no se ha dado por concluida, tiene conexión con otra investigación que se está llevando a cabo en un juzgado de Teruel en la misma materia.