Los padres de Cristina Martín, la niña de 13 años asesinada por una compañera de instituto hace año y medio en Seseña, han solicitado al juez que eleve al Consejo de Ministros una reforma para endurecer las penas de ley del menor.
Además, han demandado a España por "incumplir" la legislación comunitaria y no indemnizar a las víctimas de delitos violentos. Una demanda, pionera en nuestro país, con la que pretenden que el Ejecutivo se haga cargo de la indemnización de 300.000 euros que fijó la setencia y que la familia de la asesina no va a pagar al declararse insolvente.
Las dos medidas las ha anunciado, en rueda de prensa, su abogada María Ponte, quién ha asegurado que existe una discriminación con respecto a otros casos como los de terrorismo.
Cristina tenía apenas 13 años cuando fue asesinada por otra menor, en un paraje de seseña. La culpable fue condenada a cinco años de internamiento y tres más de libertad vigilada.
El padre de Cristina ha criticado la sensacion de soledad y abandono que han sentido desde que su hija fue asesinada en marzo de 2010.
