El padre Román niega abusos o relaciones sexuales con un menor

El juicio del llamado caso Romanones arranca este lunes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada con la declaración del único acusado, el padre Román M.V.C, que se enfrenta a una petición fiscal de nueve años de cárcel por supuestos abusos sexuales a un menor desde 2004 a 2007. La vista oral se celebrará en el transcurso de nueve sesiones hasta el próximo 21 de marzo, estando previsto que declaren cuarenta testigos, entre ellos el arzobispo de Granada, Javier Martínez, y 14 peritos propuestos por las partes.

El padre Román M.V.C. ha negado este lunes ante el tribunal que lo juzga en la Audiencia Provincial de Granada haber abusado de un menor de su parroquia desde 2004 a 2007, al que, según afirma, solo asesoró en el plano religioso para que "profundizara en su fe" y al que afirma que quería "en el sentido que usan los cristianos" pero no "de enamoramiento".

Durante su declaración en la Sección Segunda de la Audiencia, el padre Román ha garantizado que nunca ha pedido ni dado "favores sexuales" al denunciante de los abusos, ni ha compartido cama con él ni con el resto de miembros del llamado clan de los Romanones, que supuestamente él lideraba y en cuyo seno ha negado que se produjera "ningún tipo" de relación homosexual en la casa parroquial o en las propiedades que poseían en Pinillos y Salobreña.

Al inicio de la sesión, el tribunal no ha admitido la cuestión previa planteada por la defensa del padre Román para la nulidad del expediente canónico que se ha incorporado en la causa en una pieza separada y en la que se recoge la declaración sobre este supuesto caso de abusos de tres de las personas inicialmente investigadas en la causa, que tuvo un total de doce imputados.

La Sala ha rechazado sacar este informe canónico del proceso al entender que no se obtuvo de manera ilícita, en tanto que el arzobispo de Granada, Javier Martínez, lo entregó de manera voluntaria y no se han vulnerado derechos procesales o el derecho de defensa del acusado, aunque el tribunal se reserva el derecho de resolver esta cuestión en sentencia.