El juez José de la Mata ha enviado a prisión a dos de los fundadores de iDental, Antonio Javier García Pellicer y Vicente Castañer Blasco, tras tomarles declaración por su presunta implicación en un fraude de 60 millones de euros a través de la captación de fondos de inversores nacionales y extranjeros con la aparente intención de reflotar empresas.
De la Mata tomó declaración hasta la noche a trece detenidos por esta causa el pasado martes en Madrid, A Coruña, Alicante, Murcia, Granada y Girona, y decidió enviar a prisión a estos dos imputados, según han informado a Efe fuentes jurídicas.
Los detenidos en esta operación relacionada con iDental se les imputan los delitos de administración fraudulenta, pertenencia a organización criminal, estafa continuada, apropiación indebida, alzamiento de bienes, falsedad documental y blanqueo de capitales.
Las pesquisas llevaron a comprobar que habían creado una estructura societaria para captar fondos de inversores internacionales y entidades de crédito españolas con los que adquirir empresas en problemas con el falso interés de reflotarlas.
Sin embargo, en realidad las descapitalizaban y desviaban el dinero hacia otras sociedades bajo su control, estafando así a inversores, trabajadores, proveedores y clientes.
Se calcula que el fraude podría ascender a 60 millones de euros y los investigadores creen que en algunos casos los detenidos contaban también con la connivencia de empleados de entidades de crédito, que eran los encargados de conceder los préstamos para realizar las inversiones.
Al mismo tiempo se hacía uso de testaferros, sociedades pantalla y cuentas puente, controladas por la organización, para progresivamente descapitalizar las empresas y ocultar el destino final del dinero estafado.
En el caso de iDental también se conseguían fondos para el enriquecimiento personal mediante el engaño a los pacientes, a quienes se les hacía contratar préstamos para la financiación de tratamientos dentales con supuestos descuentos, que podían alcanzar el 80% de un presupuesto inflado a base de supuestas subvenciones que en realidad no existían.
Pretendían, por tanto, obtener la mayor cantidad posible de dinero en efectivo, sin importarles los métodos y a sabiendas de que no se iban a completar los tratamientos y de que la calidad del material odontológico era muy deficiente.