Entra en vigor en España la ley de la eutanasia

La ley de la eutanasia, que entra en vigor este viernes, es una norma "garantista que da respuesta a la demanda social existente en torno a este tema", según subraya Sanidad.

El Ministerio de Sanidad y las comunidades han acordado un protocolo médico para evaluar la situación de incapacidad de los pacientes que pidan la eutanasia desde ahora y trabajan en un "Manual de buenas prácticas", en el que se recomendarán fármacos para que la ayuda a morir se preste de forma homogénea en todo el país.

¿Quiénes podrán pedirla?

Podrán solicitar ayuda para morir personas mayores de edad con una enfermedad grave e incurable y que padezcan un sufrimiento "constante e intolerable".

La regulación de esta prestación, explica el Ministerio, se asienta en la compatibilidad de principios esenciales recogidos en la Constitución: los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física y moral, y la defensa a la dignidad, la libertad o la autonomía de la voluntad.

Un paciente podrá decidir cómo será el proceso final de su vida, en todo momento acompañado por un equipo de profesionales sanitarios, y se facilitará que esté acompañado por su familia, recuerda el Ministerio.

Valorar la incapacidad

El documento recoge recomendaciones para ayudar a los médicos responsables de los pacientes a valorar la situación de incapacidad de hecho de quienes soliciten la eutanasia.

Como es habitual en la práctica clínica, explica Sanidad, esta valoración comienza por una entrevista clínica, durante la cual el "médico responsable" valora la capacidad de comprensión, apreciación, razonamiento y expresión de una elección por parte del paciente.

Si el resultado no es concluyente, el facultativo podrá recurrir a herramientas de apoyo o consultar a un experto.

Tras ese paso, la ley establece que un "médico consultor" deberá corroborar el caso, emitiendo un informe favorable o desfavorable que se incluirá la historia clínica del paciente.

Uso de fármacos

El "Manual de buenas prácticas", por su parte, recoge recomendaciones sobre los medicamentos que se deberán administrar para que la prestación se realice de forma homogénea en todo el Sistema Nacional de Salud, destaca Sanidad.

Incluye además modelos de los documentos que serán necesarios a lo largo de todo el proceso, como el formulario de solicitud, la hoja de información sobre la eutanasia, el consentimiento informado o las recomendaciones para el ejercicio de la objeción de conciencia por los profesionales sanitarios.

El Ministerio de Sanidad ha abierto un apartado en su página web con información para los ciudadanos y los profesionales.

Recursos

Tanto Vox como PP se opusieron en el Congreso de los Diputados a la tramitación de la ley de la eutanasia. Vox presentó recurso en el Tribunal Constitucional que anunció este miércoles que rechazaba la suspensión cautelar pretendida por la formación de Santiago Abascal.

También el PP avanzó la intención de recurrir la ley a última hora de este jueves. Uno de los argumentos es que ya está regulada la muerte digna y la sedación en el último tramo de vida de los enfermos incurables y con sufrimiento.

También el Defensor del Pueblo ha descartado recurrir la ley reguladora de la eutanasia tal y como le solicitó el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi). Este colectivo solicitaba la interposición de recurso respecto a la terminología empleada en algunos de los preceptos de la Ley por entender que colisionan con la Constitución.

Según el Defensor, esta Ley ya es objeto de un recurso ante el Tribunal Constitucional presentado por 50 diputados de “un grupo parlamentario” (Vox). Esta institución ha afirmado que "no debe formular un pronunciamiento al respecto, sino aguardar a la decisión del alto intérprete de la Constitución".

Comisión de Garantía y Evaluación

La Comisión Madrileña de Garantía y Evaluación de la Prestación de Ayuda para Morir, órgano consultivo incluido en la ley de eutanasia para supervisar cada caso, contará con 25 profesionales en la región.

La ley prevé la creación de este órgano y de un registro de profesionales sanitarios objetores en las comunidades autónomas. En la Comunidad de Madrid, la comisión de garantía estará adscrita al Servicio Madrileño de Salud (Sermas) e integrada por un presidente (licenciado o graduado en Medicina), un vicepresidente (licenciado o graduado en Derecho) y 23 vocales.La declaración de objeción se realizará de manera telemática por los profesionales sanitarios implicados en la prestación -médicos, enfermeros, farmacéuticos y psicólogos-, que además "podrán inscribirse en el Registro en cualquier momento".