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Con pancartas dirigidas directamente a la ministra Pilar Llop, los letrados de la Administración de Justicia proclaman que "los acuerdos con los letrados de justicia se cumplen". Este martes han marchado por el centro de Madrid para reclamar una mejora de sus condiciones y dar inicio a la huelga indefinida.

Han llegado hasta el Ministerio de Justicia y aseguran que "desde el verano, la ministra no ha tenido la delicadeza de abrirnos las puertas y ahora nos dicen que no representamos a nuestros compañeros", denuncia Ernesto Casado, presidente del Colegio de Letrados.

"No somos golpistas, somos juristas", exclaman compañeros de toda España. "Pedimos una mejora salarial que corresponda con las nuevas funciones que hemos asumido ya históricamente y desde el año 2009 pedimos este reconocimiento".

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Los letrados de la Administración de Justicia ya han celebrado paros de protesta los días 29 y 29 y 30 de noviembre y 14 y 15 de diciembre. Ahora, están llamados a la huelga alrededor de 4.300 profesionales en todo el país.

Para el Ministerio, sin embargo, cualquier reclamación salarial del colectivo está "fuera de lugar". Su salario, afirma Justicia, crecerá de media un 14,76 % en tres años. Según las cifras del departamento, en 2023 el salario de un letrado de Administración de Justicia que trabaje en el juzgado supone "entre un 79% y un 140% más que cualquier funcionario de la administración del Estado en esos mismos niveles".

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"Esta huelga indefinida no tiene ningún motivo laboral; tiene claros motivos políticos", manifestó ayer lunes el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, quien hizo un llamamiento a los letrados para que no "hagan rehenes" a los ciudadanos.

Ahora, los convocantes denuncian que la ministra de Justicia, Pilar Llop, no ha convocado al Comité de huelga, ni ha hecho “el más mínimo intento de solucionar el conflicto generado por el incumplimiento de los compromisos acordados con el colectivo".

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Las organizaciones de letrados lamentan "los inevitables perjuicios que esta huelga ocasionará de nuevo para los ciudadanos, los profesionales y resto de operadores jurídicos, y denunciamos la profunda irresponsabilidad política de la señora Ministra de Justicia que vuelve a asumir el daño al servicio público".