Asociaciones de jueces creen que "una nueva euroorden" contra Puigdemont "puede tener más éxito que las anteriores"
- El juez Llarena planea reactivar la euroorden para detener a Puigdemon, que ya ha perdido la inmunidad europea
- ¿Qué recorrido judicial tiene la detención de 3 mossos por ayudar en la huida de Carles Puigdemont?
El juez Pablo Llanera sigue esperando los dos informes que solicitó a los Mossos d'Esquadra y al Ministerio del Interior sobre el operativo que dejó escapar a Carles Puigdemont el pasado jueves del centro de Barcelona tras dar un breve mitin al que asistieron algunos simpatizantes.
Un sombrero de paja, una silla de ruedas y un coche: así se volvió a escapar Puigdemont
A todo ello se le suma la petición de la Fiscalía del Tribunal Supremo que ha solicitado la reactivación de la euroorden de detención en un momento en el que el expresident de la Generalitat ya no tiene inmunidad europea, un privilegio que perdió el pasado 12 de mayo tras las Elecciones Europeas.
Por su parte, la Asociación de Jueces ha advertido a los Mossos que "cumplir la orden de detención es lo mínimo que tendrían que hacer", algo que no sucedió y que permitió a Puigdemont volver a su refugio belga desde donde ha publicado un vídeo burlándose del sistema español.
Fernando Portillo, magistrado y portavoz del Foro Judicial Independiente, afirma que la pérdida de condición de eurodiputado “es un cambio importante”, pero que “también lo es que ya no se le busca por los delitos de sedición, y que era lo que planteó en principio el cumplimiento de la euroorden por parte de Bélgica”, por lo que, detalla, “ahora se limitaría a la malversación de caudales públicos, que es un delito común en territorio europeo, lo que puede hacernos pensar que esta euroorden de emitirse, tendría más éxito que las anteriores”.
En cuanto a los tres mossos detenidos acusados de ayudar a Puigdemont en su huida, ¿qué recorrido judicial tiene?
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“En este caso se refieren exclusivamente a un delito de encubrimiento que es el que lleva las penas más graves que puede ser hasta tres años de prisión y doce años de inhabilitación para empleos públicos”, ha detallado Portillo.
