Destapados casi 5.000 fraudes en los ERTE en un año, el 16% de los investigados por Trabajo

El primer año de los ERTE se cierra con 4.588 casos de fraude, un 16% de los investigados por Trabajo. El primer balance de infracciones hasta el 1 de abril arroja esa preocupante cifra de un 16% de incumplimientos de la legislación.

Estas infracciones se consideran graves y pueden acarrear multas que van desde los 6.000 euros hasta los 187.000. Los empresarios que han incumplido las normas ya han pagado casi 22 millones en multas, además de otros 7 millones de euros en cotizaciones a la Seguridad Social que se habían ahorrado.

Las infracciones más frecuentes

Entre las infracciones más frecuentes destacan tener a trabajadores en ERTE, a pesar de que ya están trabajando, tenerlos en ERTE parcial aunque tengan horario completo, o hacer contrataciones o despidos, porque las empresas en ERTE no pueden hacerlos.

Buscamos más datos con Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo. “Uno de los supuestos de fraude es rescatar a trabajadores que estaban en ERTE, pero no comunicarlo ni al SEPE ni comunicar la renuncia a la autoridad laboral”, explica.

Los inspectores detectan esas irregularidades al recabar los datos de la Seguridad Social que un trabajador en cuestión “no puede trabajar porque está percibiendo una prestación por desempleo”, añade la experta. Advierte que esta es una infracción muy grave.

¿Qué pasa si hay connivencia del trabajador?

Otro aspecto a tener en cuenta es si hay connivencia o no del trabajador, es decir, si este conoce la situación laboral en la que se encuentra o si su empresa ha informado a los organismos pertinentes. Si no lo conoce, deberá devolver el importe recibido, pero no tendría responsabilidad. Por el contrario, si hay connivencia podría recibir una sanción y podría ser excluido de los programas de empleo durante un período comprendido entre seis meses o un año.

Los fraudes se han destapado gracias a los procedimientos de investigación de las autoridades por un lado y, por otro lado, a consecuencia de las denuncias formuladas por los trabajadores a los que se les obliga a trabajar o repartir la jornada entre el lugar de trabajo y su propio domicilio.