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Las comunidades de propietarios con calefacción central todavía recuerdan cómo sus facturas se multiplicaron por tres y hasta por cuatro a causa de la invasión rusa en Ucrania y el recorte de la oferta de gas ruso. Entonces, la medida de salvación fue la aprobación de la tarifa de último recurso (TUR), con la que ahorraron en torno al 40%.

Ahora, esperan con incertidumbre enero de 2024, cuando, si no se renueva, dejaría de estar vigente la TUR de gas natural para comunidades de vecinos con calefacción central que aprobó el Gobierno mediante un real decreto el 18 de octubre de 2022.

Si la TUR vecinal no se prorroga, a partir del 1 de enero las comunidades deberán dejar la tarifa regulada y acudir al mercado liberalizado, lo que puede agravar la economía de miles de hogares de cara al invierno. Las comunidades con tarifa regulada están pagando 4,5 céntimos el kilovatio por hora, cuando en el mercado libre está a 7,5 céntimos, si no sube. Es decir, un 66% más caro.

El gas, en los 100 euros/MWh este invierno

Isabel Ocaña, vicepresidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, ha explicado en 120 Minutos que estiman que “el gasto se va a disparar en torno unos 25.000 euros en una comunidad media de 120 propietarios”.

Para Ocaña, el aumento de la tarifa no es el único proBlema, también lo es la inversión inicial de las comunidades para acogerse a la tarifa TUR sin poder llegar a amortizarla, pues había que cumplir tres condiciones: estar al día con las facturas energéticas, pasar la inspección de eficiencia energética de la caldera y repartir los contadores de energía individuales.

“Muchas comunidades de propietarios se vieron perjudicadas por la falta de respuesta de comercializadores, y otras se han empezado a beneficiar en enero de 2023, no han podido llegar a ni siquiera una temporada de calefacción”, por ello, desde el Colegio defienden que se prorrogue.

Hay 6.700 contratos de suministro de la TUR de comunidades de vecinos, según datos del Ministerio de Transición Ecológica, si bien no disponen de información sobre el número de hogares cubiertos por esos contratos. Los administradores de fincas estiman que de los dos millones de viviendas con calefacción central que hay en España, en torno a 750.000 se acogieron a esta tarifa regulada. El resto no han cambiado al mercado regulado, ya sea por no tener gas o por no querer poner repartidores de costes.