El juez Vázquez Taín, sobre la reforma del delito de malversación: "Sería modificar miles de sentencias porque hay que tocar la administración desleal"

El Gobierno ha asegurado que "estudiará en profundidad" la posibilidad de modificar el delito de malversación en el Código Penal, una petición de Esquerra Republicana (ERC). De ser así, la reforma podría beneficiar no solo a Junqueras y a Puigdemont, sino también a otros condenados como Griñán, "obligando a revisar miles de condenas por corrupción".

El magistrado José Antonio Vázquez Taín explica que el delito de malversación “no está regulado de forma aislada, está regulado por remisión a otro delito”. Sobre la malversación, declara que “dice que el funcionario público que cometiere una administración desleal incurrirá en las siguientes penas, entonces, para tocar el delito de malversación, tienes que tocar la administración desleal, no solo casos de corrupción política pública, sino que todos los casos de socios, empresarios o gestores de patrimonio se verían afectados por la reforma que se está planteando”.

“Los delitos de administración desleal y de malversación tienen un arco penal muy grande, de dos a seis años y agravados de cuatro a ocho, porque el propio Código contempla muchos aspectos para ver qué pena cae”.

Según el juez, “no todos los casos conllevan la misma pena” y el caso de Griñán “es un supuesto de millones de euros, cometido a lo largo de muchos años y que afectó seriamente al servicio de asistencia al desempleo de la Junta de Andalucía”.

En conclusión, “para reformar la malversación hay que reformar toda la administración desleal”, señala Taín. “Estamos hablando de modificar miles de sentencias cuando ya la ley prevé una pena de entre dos a seis años por las diferentes circunstancias”.

“Estamos ante una reforma no realizada por juristas y planteada de forma rápida”, lamenta el juez. “Hoy tenemos un ejemplo de que se ha revisado una sentencia de la Audiencia de Madrid por agresión sexual a su propia hijastra y se le ha rebajado la pena dos años por una ley que provoca favorecer a los agresores más graves”.