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El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha decretado el secreto por un mes de la causa abierta por el presunto espionaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Defensa, Margarita Robles, a través de sus teléfonos móviles con Pegasus. Ha ofrecido a ambos personarse como perjudicados, tal y como había solicitado el Ministerio Fiscal.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 explica en el auto que la declaración del secreto tiene por objeto "prevenir una situación que pueda comprometer de forma grave el resultado de la investigación".

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El objetivo es “impedir interferencias o manipulaciones dirigidas a obstaculizar la investigación y frustrar sus objetivos”, expone.

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Calama recuerda que el resultado de las diligencias que se practiquen durante este periodo de secreto “podrá ser conocido posteriormente, evitando así cualquier merma del derecho de defensa”.