Justicia alega que la “situación política” ha paralizado la subida salarial de jueces y letrados

La firma de un acuerdo entre los Ministerios de Justicia y Hacienda y las asociaciones profesionales de letrados judiciales puso fin, el pasado 28 de marzo, a dos meses de huelga con la que ese cuerpo de funcionarios había protestado reclamando una subida salarial, que finalmente logró. Ese pacto dio pie luego a conflictos laborales entre el Gobierno y las otras dos patas de la Administración de Justicia, que se movilizaron reclamando beneficios similares: los jueces y fiscales, y los funcionarios.

Salvo el de los funcionarios de base, el resto de cuerpos consiguió el compromiso de un aumento retributivo (de hasta 450 euros al mes). Pero esos pactos suscritos por el Gobierno están pendientes de ser aplicados, y el retraso en completar estos trámites amenaza con calentar las negociaciones de investidura del PSOE.

El adelanto electoral dejó en el aire la negociación con los funcionarios y disparó la tensión entre los que ya habían dado por cerrados sus conflictos, que reclaman que el Ejecutivo en funciones dé los pasos pendientes y ejecute lo pactado. El Gobierno admite que la “situación política” está demorando los trámites, aunque asegura que los acuerdos se van a cumplir. “Los acuerdos son totalmente vinculantes”, señalan fuentes del Ministerio de Justicia, que llaman a la “calma”.

“El cumplimiento del de jueces y fiscales se prevé para octubre, pero lo más importante es que los acuerdos firmados, que tienen la rúbrica de Justicia y Función Pública, tienen efectos retroactivos a fecha de enero de 2023. Las subidas no corren ningún peligro”, insisten. Y añaden: “Somos, y la ministra en particular, los primeros interesados en que se formalicen, pero también somos conscientes de la situación política en la que estamos. Desde Justicia hemos hecho todo lo que está en nuestra mano”.

Ambos están pendientes de un real decreto que debe pasar por el Consejo de Ministros, y tanto el ministerio como los jueces coinciden en que la Ley del Gobierno no impide aprobarlo con el Ejecutivo en funciones. La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJPD), de tendencia progresista y la tercera en representación, advierte también sobre otros aspectos del acuerdo que están pendientes, como la creación de grupos de trabajo entre el Ejecutivo y las asociaciones o la convocatoria de 100 nuevas plazas de jueces y fiscales.

Por ahora, las asociaciones no se plantean movilizaciones a corto plazo, pero no las descartan a medio. “No vamos a quedarnos con los brazos cruzados hasta que tengan a bien cumplir lo acordado”, advierte Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), la segunda más representativa de la carrera (la primera, la Asociación Profesional de la Magistratura no firmó el pacto).