La Asociación Profesional de la Magistratura teme que a Sánchez "le moleste " la "independencia judicial"

La declaración institucional de Pedro Sánchez del pasado lunes en la que anunciaba que se quedaba al frente del Ejecutivo pero que iba a ser un "punto y aparte" ha generado numerosas preguntas, sobre todo en el sector judicial y en los medios de comunicación que no ocultan su preocupación ante el anuncio del presidente de un plan de regeneración democrática.

“Tenemos un Estado constitucional que trata de garantizar la separación de poderes y el imperio de la ley”, ha afirmado en 120 Minutos María Jesús del Barco, juez y presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

Sánchez, ha negado que esté en contra de la separación de poderes, pero ha anuncia una “respuesta” al bloqueo del Poder Judicial al no disponer del apoyo del principal partido de la oposición y mayoritario en el Congreso de los Diputados, el Partido Popular.

“Parece que Pedro Sánchez va a intentar lo que ya intentó en 2020, rebajar la mayoría de tres quintos que prevé nuestra Constitución a una mayoría absoluta para elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)”, nos ha explicado la jueza.

Del Barco ha resaltado que "teme" que la independencia judicial "le resulta demasiado molesta al presidente del Gobierno, igual que parece que le resulta molesta la propia libertad de prensa”.

“Evidentemente no existe un derecho a la difamación pero por eso nuestro ordenamiento jurídico prevé que aquella persona que entienda que se le ha difamado puede exigir una rectificación al medio o puede ejercitar las acciones penales a través de una querella, cuando crea que ha habido una injuria o calumnia, o a través de la vía civil reclamando el que se proteja su derecho al honor”, ha detallado la magistrada.

“En esa difusa línea entre el derecho a informar y el derecho a difamar que habla el presidente, podemos vernos abocados a una censura previa"

María Jesús del Barco también ha enfatizado que “una democracia se sustenta en la separación de poderes, en el respeto a la independencia judicial y a la libertad de prensa”, además de que “en esa difusa línea entre el derecho a informar y el derecho a difamar que habla el presidente, podemos vernos abocados a una censura previa y eso, aparte de que está proscrito en nuestra Constitución, lesiona gravemente nuestra libertad de prensa, es decir, los derechos que tienen los periodistas a informar y el derecho fundamental que tenemos los ciudadanos a ser informados”.

“No podemos hablar de un Estado democrático donde los medios de comunicación no sean libres para dar la información”, ha concluido la presidenta de la APM.