Los funcionarios de Justicia mantienen la huelga y CSIF recurre el acuerdo salarial del Gobierno
Nueva protesta de funcionarios de la administración de Justicia frente al Congreso
Piden "una propuesta económica concreta para negociar igual que se está haciendo con jueces y fiscales".
Los funcionarios de la administración de Justicia han salido este martes a la calle mientras jueces y fiscales siguen sin acuerdo, a ocho días del inicio de la huelga. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha recurrido el acuerdo de mejora salarial del Gobierno con los letrados de la administración de justicia porque considera que "vulnera la negociación colectiva en perjuicio de los 45.000 funcionarios del sector".
“El 100% de los papeles que se tramitan en juzgado pasan por nosotros, sin nosotros no hay Justicia, queremos que se nos reconozca”, declara el portavoz Javier Jordán. "Que se nos reconozca laboral y retributivamente".
Mantienen las jornadas de huelga para los próximos días 10, 11, 16, 17 y 18 que CSIF ha convocado junto a los sindicatos STAJ, CCOO y UGT y declaran que "se endurecerán si el Ejecutivo no reacciona". Los funcionarios piden una mejora salarial de entre 350 y 430 euros, recuerdan.
En la novena jornada de huelga, CSIF afirma que ha tenido un seguimiento del 90% y que ha provocado la suspensión del 95% de los juicios previstos para esta jornada en toda España. Advierten de que se plantean una huelga indefinida si el Gobierno no propone una oferta económica a los funcionarios de justicia como la de letrados de la administración de justicia, jueces y fiscales.
CSIF ha recurrido el acuerdo firmado en abril por el Ministerio de Hacienda y Función Pública con el comité de huelga de los letrados de la administración de justicia, "por vulneración del derecho fundamental de libertad sindical en su vertiente de negociación colectiva".
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Además, han enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, exigiendo que "autorice una oferta económica que reconozca las funciones que realizan cada día los funcionarios y a negociar el contenidos de la ley de eficiencia". "Una propuesta económica concreta para negociar de la misma manera que se está haciendo con jueces y fiscales".
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