Nueva protesta de funcionarios de Justicia: "Los culpables son Hacienda, Justicia y el Gobierno de Sánchez en su conjunto"

Los funcionarios de la administración de Justicia sus reivindicaciones con una huelga general de 24 horas y con una concentración este jueves frente al Ministerio. “Nosotros no queremos esto”, declara el portavoz de CSIF, “los responsables son Justicia, Hacienda y el Gobierno de Sánchez que no se sienta a negociar”.

"Tras lo que ocurrió ayer con los jueces, están tratando a los 45.000 funcionarios de Justicia como funcionarios de segunda, con nosotros no negocian y llevamos ya semanas de conflicto, sin que nos ofrezcan una propuesta económica concreta", denuncian desde el sindicato.

Reclaman una subida total de 200 millones, tras la propuesta de este miércoles por parte del Gobierno de 44 millones para mejorar las retribuciones de jueces y fiscales. En el caso de los funcionarios de Justicia, reclaman lo equivalente a "unos 430 euros al mes por funcionario"

El importe ofrecido a jueces y fiscales este miércoles representa casi el doble de los 22,7 millones de euros que consiguieron los 4.000 Letrados de la Administración de Justicia tras dos meses de huelga, pero se queda por debajo de los 200 millones de euros que reclaman los casi 45.000 funcionarios de la administración.

Los funcionaros declaran que "desgraciadamente, esta situación traerá más retrasos, más procedimientos suspendidos para los ciudadanos y millones de expedientes administrativos que están quedando paralizados".

Pedirán por carta el cese de la ministra Pilar Llop y defienden que "todo el Gobierno de Sánchez es responsable de esta situación". "Si no hay propuestas serias, tendremos que ir a huelga general y endurecer medidas de presión". "Nosotros somos esenciales, sin nosotros no hay Justicia. Eso es lo que tiene que tomar nota la señora Llop, lo que tiene que tomar nota la señora (María Jesús) Montero y lo que tiene que tomar nota Pedro Sánchez", ha declarado Javier Jordán, presidente nacional de Justicia de CSIF.

En resumen, alegan que piden "una oferta económica como la de letrados, jueces y fiscales". Mientras, "los tribunales se seguirán paralizando y se suspenderán más del 85% de los juicios".