Primeras denuncias por no trasladar a ancianos enfermos con Covid-19 de residencias a hospitales

La plataforma solidaria Afectados Coronavirus ha anunciado en rueda de prensa telemática las primeras acciones legales que iniciará contra comunidades autónomas, residencias de mayores y otras entidades por su responsabilidad patrimonial en la gestión de la emergencia sanitaria por el coronavirus.

Denuncia contra el hospital Infanta Cristina de Parla

La Plataforma de Afectados por la Pandemia del Covid-19 ha denunciado al Hospital Infanta Cristina de Parla (Madrid) por los supuestos delitos de homicidio imprudente y de omisión del deber de socorro, tras desvelar el periódico El Confidencial que el centro sanitario había recibido órdenes de "dirección médica", el 25 de marzo, de rechazar a ancianos con síntomas de coronavirus, y que aparecen plasmadas en el informe de alta de Urgencias de una paciente, cuyo ingreso fue rechazado.

Protocolo de la Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid tenía un protocolo para decidir qué ancianos de residencias eran hospitalizados. Este protocolo coordinó la red de geriatras de hospitales para gestionar los traslados de residentes a hospitales con criterios clínicos. En ese protocolo se decía que había que valorar cada caso de los residentes en tratamiento paliativo, con enfermedad terminal y alta fragilidad, y siempre evaluando cada caso de forma individual con criterio clínico. El SUMMA ha realizado más de 7.000 traslados de residentes a hospitales.

Con Jesús Cubero, secretario general de la Asociación Estatal de Servicios Residenciales de la Tercera Edad, hemos contrastado estas informaciones en una entrevista en el programa 120 Minutos. "Nosotros hemos denunciado una desatención de los servicios sanitarios públicos a estos mayores y a los propios médicos de las residencias que solicitaban esas derivaciones", explica.