Rectores de las Universidades, contra el posible Estatuto del Becario de Yolanda Díaz

La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) considera que el nuevo Estatuto del Becario, cuyo borrador están ultimando sindicatos y Trabajo sin las empresas, creen que no se ha hecho bien y que se va a dejar “colgados” a estudiantes que tenían que completar sus estudios con una parte de prácticas obligatorias.

El Estatuto, que aún no es definitivo, recoge multas de hasta 225.000 euros a las empresas que incumplan con los derechos de los alumnos, una compensación de los gastos que tengan estudiantes y limita las prácticas extracurriculares a 480 horas.

Las infracciones serán, según establece el documento, muy graves cuando se produzcan discriminaciones directas o indirectas desfavorables por razón de edad o discapacidad o favorables o adversas en materia de retribuciones, jornadas, formación, promoción y demás condiciones de trabajo.

Las empresas en las que los estudiantes desarrollen las actividades formativas también deberán compensar los gastos de los alumnos, en los términos previstos en el correspondiente convenio o acuerdo de cooperación, "por una cuantía mínima suficiente para compensar todos aquellos en los que la persona en formación práctica en la empresa incurra como consecuencia de esta, tales como gastos de desplazamiento, alojamiento o manutención".

“Es un ámbito exclusivamente académico”

José Luján, rector de la Universidad de Murcia y miembro de la CRUE, ha explicado que "no se cuestiona" la capacidad del Ministerio de Trabajo para fijar la frontera entre lo que son prácticas académicas y lo que no lo son, pero una vez establecida esa frontera, nada tienen ya que disponer sindicatos y patronal respecto del régimen jurídico de las prácticas académicas. "Eso es un asunto exclusivamente académico cuya competencia reguladora recae en el Ministerio de Universidades y en las propias universidades", alega la organización.

Luján añade que 2/3 de las prácticas universitarias se desarrollan en el sector público, como las sanitariaso de ciencias de la educación, lo que supone un problema porque "no tienen partidas ni presupuestos para compensar gastos para cotizar por la seguridad social".