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Eva, propietaria de una vivienda en plena Puerta del Sol, lleva más de tres años luchando por echar a los inquiokupas a los que alquiló el piso en 2019. No pagaron lo acordado desde noviembre de 2020 e ingresaron en prisión por tráfico de drogas, pero, aún así, Eva y su madre no pudieron acceder a la vivienda.

La sentencia dio la razón a las propietarias el pasado mes de septiembre y los inquiokupas fueron condenados a pagar 24.000 euros por las rentras atrasadas, pero "esa cantidad no contempla los destrozos", lamenta Eva. Por ahora, han gastado 3.000 euros en arreglar desperfectos varios.

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"Nosotras vivimos de este alquiler y mi madre es pensionista, solo pedimos la devolución de la vivienda", explica Eva, "y los okupas ya están presos, no entiendo por qué no tenemos acceso a la casa". Durante estos dos años "ambos inquiokupas han estado en prisión y yo no he tenido permiso para entrar en mi casa", señala.

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Después del juicio, Eva descubrió que estaban intentando entrar de nuevo: "Yo llamé a la Policía porque el portero del edificio me avisó de que una persona venía con colchones y amigos a entrar en mi piso".

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Antes de recuperar las llaves, Eva vivió un segundo capítulo de su "pesadilla" con los inquiokupas cuando una de las hijas de ambos intentó volver a ocupar el piso. "Vino alegando que ella vivía aquí y que le habían cambiado la cerradura", explica Eva. En ese momento, la Policía intervino y Eva recuperó sus llaves y una casa destrozada que, según denuncia, "usaban como narcopiso".