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"La situación epidemiológica no es la misma que en septiembre, como dice la ministra Darias, pero la situación legal sí". De esta manera la magistrada María Jesús del Barco resume la difícil situación legal en la que se encuentran los gobiernos regionales una vez que decaiga el estado de alarma el próximo domingo.

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"Los mismos mecanismos que tenían las comunidades en octubre son los que tienen ahora", ha afirmado del Barco. Son "muy pocas" en su opinión, ya que los gobiernos regionales pueden emitir órdenes restrictivas pero eso sí, que no afecten a los derechos fundamentales. En caso de que afectaran a esos derechos fundamentales deberían ser refrendados por los tribunales superiores de Justicia de cada comunidad.

Toque de queda

Y, ¿qué pasará con el toque de queda? En torno a esa cuestión recuerda la magistrada que "fuera del estado de alarma no cabía ese toque de queda". Lo que sí pueden hacer los gobiernos regionales es fijar el cierre de comercios y restauración. "Nadie te obliga a irte a casa, pero tienes pocos sitios donde ir", ha sentenciado. Una "forma indirecta" de establecer un relativo toque de queda.

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Confía la magistrada en una pronta resolución de este galimatías jurídico porque "no podemos vivir de forma permanente en una situación de anormalidad democrática con nuestros derechos restringidos" y ha apostado por medidas "más estudiadas y no tan generales", como restringir la movilidad en zonas o áreas concretas, en virtud siempre de criterios científicos y sanitarios.