Asociaciones denuncian que Marlaska ya ha quitado competencia de la Guardia Civil en Cataluña y País Vasco

El sindicato unificado de la Guardia Civil (AUGC) denuncia que el Ministerio de Interior, con Marlaska a la cabeza, ha tomado la decisión de relegar a la Guardia Civil a un papel secundario en la vigilancia de fronteras, puertos y aeropuertos del Estado y les "preocupa que el colectivo vaya a desaparecer" y que "hasta 7.000 efectivos y sus familias tengan que cambiar de destino".

Desde AUCG, señalan que "con la publicación de la Orden del 21 de julio", Interior aprobó una modificación en los planes de seguridad, transfiriendo competencias de la Guardia Civil a Policías autonómicas en Cataluña y en País Vasco. "Se pretende relegar a la Guardia Civil de los cometidos que viene desempeñando desde hace décadas", expresan.

David Casares, portavoz del sindicato unificado de la Guardia Civil (AUGC), declara que “nos planteamos un escenario donde se produzca una salida numerosa de efectivos tanto de Cataluña como del País Vasco debido a los últimos movimientos que ha hecho el Ministerio del interior con órdenes internas y con los planes de seguridad de los puertos”.

“Al no poder modificar la Ley de Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, que nos da la competencia exclusiva en fronteras, puertos y aeropuertos, lo está haciendo por detrás”, denuncian. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) considera que dichas modificaciones y cómo se han aprobado son una violación de la Ley y anuncian que están trabajando en "un recurso contencioso administrativo".

Casares declara que “así traspasan la competencia a la Ertzaintza y eso va a significar que en un puerto que tenga 200 o 300 efectivos de Guardia Civil, que llevan tanto el tema fiscal como el de seguridad, solo quedaría el resguardo fiscal del Estado”.

"Unos 6.000 efectivos y sus familias tendrían que abandonar sus destinos", denuncian desde AUGC

El colectivo expresa su preocupación “porque solo en puertos y aeropuertos estimamos unos 6.000 o 7.000 efectivos, y sus familias, gente que está asentada en esas ciudades y con estos movimientos trae incertidumbre a los que están destinados y a quienes quieran pedir esos destinos”.

Ante esta situación, la AUGC está preparando recursos legales para impugnar la medida en los tribunales: “La orden ministerial publicada el martes determina que en los aeropuertos se van a establecer comisarías y han cambiado la redacción, hemos detectado un cambio y vamos a impugnar esa normativa porque entendemos que contradice la ley y que los grandes beneficiados son las policías autonómicas y que van a poder tener la seguridad de esos puertos y aeropuertos”.