Aumentan las críticas al Gobierno por su Ley de Vivienda y por la movilización de casas del Sareb

El Consejo de Ministros aprueba la Ley de Vivienda con el anuncio de Pedro Sanchez de movilizar 50.000 viviendas de la Sareb como lo más llamativo. Una norma que ha recibido críticas desde que se anunció. Unidas Podemos reconoce que no sabía que su socio iba a lanzar este anuncio y habla de una medida que ellos venían reclamando desde hace tiempo. Los expertos inmobiliarios califican de inviable el plan del presidente. El PP habla de engaño e improvisación, porque advierte que esos pisos no están en zonas tensionadas y 21.000 de ellos pasan a gestionarlos las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

Las cinco comunidades autónomas gobernadas por el PP plantan cara a la política de vivienda del Gobierno central y piden al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la celebración urgente de una Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo para analizar la nueva ley. Los gobiernos regionales de Madrid, Andalucía, Castilla y León, Galicia y Murcia manifiestan así su descontento con esta norma impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que aprueba este martes su plan para destinar 50.000 viviendas de la Sareb -la sociedad creada para dar salida a los activos inmobiliarios de los bancos rescatados- a alquiler asequible.

La Comunidad de Madrid va un paso más allá y ha anunciado, además, que prevé presentar un recurso de anticonstitucionalidad sobre la nueva ley de vivienda. La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que no va a aplicar esta ley donde no sea obligatorio y que la recurrirá "a todos los tribunales", ya que considera que "en el momento en que te entrometes en el precio de las viviendas baja la oferta y se disparan los precios". Según Ayuso, el Gobierno busca "colapsar" y "eclipsar" las medidas puestas en marcha por su Ejecutivo y es "una improvisación" del Ejecutivo de Pedro Sánchez y "un atropello contra la propiedad" que provocará efectos distintos como disparar los precios y "desplomar" la oferta.

El Gobierno andaluz ha advertido que, cuando tengan el texto completo de la ley, la supervisará para certificar que no vulnera las competencias autonómicas y que se ciñe a la legislación española vigente, ya que, de lo contrario, adoptará las medidas "oportunas". Fuentes del Ejecutivo que encabeza Juanma Moreno han asegurado que hay informes, como el del Consejo General del Poder Judicial, que advierten "del difícil encaje de esta ley dado que las competencias en materia de vivienda son autonómicas".

Críticas de empresarios y consumidores

Por otro lado, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha tildado la nueva Ley de Vivienda del Gobierno como una "decisión populista que va a provocar lo contrario de lo que se pretende".

Garamendi ha dicho al respecto tras su intervención en el Foro de la Nueva Economía que no comparte el "intervencionismo en el mercado" de alquileres de viviendas, ya que la nueva ley topará los precios de los arrendamientos y creará un nuevo índice al margen del IPC.

En relación con la medidas anunciadas por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, sobre habilitar 50.000 viviendas de la cartera de la Sareb o "banco malo" para alquiler social, Garamendi ha comentado que el concepto de poner viviendas en el mercado "no es algo malo, pero hay que evaluar el anuncio". El presidente de la patronal ha dicho en ese sentido que pueden existir "una serie de viviendas de la Sareb que no están en los sitios en donde se necesitan o incluso una serie de viviendas que no están en un estado en condiciones adecuadas".

Mientras, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) considera insuficientes las propuestas de la Ley de Vivienda, lamenta la falta de oferta de pisos en alquiler y pide al Gobierno medidas "urgentes y más ambiciosas" en este campo.

En una nota, la organización señala que la limitación del precio de alquiler y las demoras para recuperar la vivienda en caso de impago obligan a los propietarios, en muchos casos dependientes de esa renta para completar sus ingresos, a cargar con los efectos de la escasez de casas a precio asequible. La OCU defiende que la herramienta más adecuada para combatir los elevados precios de la vivienda es el impulso de un parque de vivienda pública en alquiler, además de un escenario de seguridad jurídica que impulse la oferta por parte de los pequeños propietarios.

El Gobierno se defiende de las críticas

Este martes, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha afirmado que topar el precio de los alquileres en zonas tensionadas es una "muy buena" medida, "justa y equilibrada", y que funciona, frente a los que dicen que reducirá la oferta y elevará los precios. "El sector es crítico, pero también quiero lanzar un mensaje: que nadie se preocupe por las rentabilidades del sector inmobiliario, que seguro que las va a tener, pero desde luego nosotros nos situamos al lado de la gente que vive la vivienda como un auténtico problema", ha argumentado.

Sánchez, en declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press, ha indicado que, aunque parte de los representantes del sector inmobiliario esté en contra de esta iniciativa recogida en la Ley de Vivienda, también hay que escuchar a los jóvenes que no pueden pagar un alquiler y a las familias trabajadoras, "que ven como un imposible, y sufren y viven con ansiedad el pago" de su vivienda.

"Esta es una muy buena medida y no es la única medida que recoge la Ley de Vivienda. Hay otras medidas que acompañan y que pasan necesariamente por incrementar el parque público de vivienda. Por lo tanto, estamos convencidos de que es una medida justa, equilibrada y que va a ayudar a hacer más soportable y a hacer accesible y dar una respuesta a lo que hasta ahora ha sido un problema en nuestro país", ha subrayado Sánchez.

La ministra ha insistido en que es una medida que funcionará porque no es la única que la Ley pone en marcha, ya que la norma prevé la creación y constitución de un parque público de vivienda que, "a diferencia de lo que hizo el PP, "no se va a poder vender nunca fondos buitre".

Preguntada por la movilización de viviendas de la Sareb para alquiler social, la ministra ha subrayado que estas viviendas "no están en mitad de la nada", sino que se sitúan sobre todo en Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Madrid. "Esta medida que anunció el otro día el presidente del gobierno es una medida que se suma también a todo el trabajo que estamos desarrollando y que hemos llevado a cabo durante esta legislatura para movilizar y para constituir un auténtico parque de vivienda pública que, insisto, no se pueda vender y que permanezca siempre en esa condición de vivienda pública y de vivienda protegida", ha añadido.

Raquel Sánchez ha resaltado que el Gobierno puso en marcha un plan de construcción de vivienda de alquiler asequible que tenía como primer objetivo 100.000 viviendas. De ellas, ha dicho, ya hay movilizadas un 60% y unas 15.000 viviendas se ubican en Madrid, en torno a 5.000 en Cataluña y cerca de 2.500 viviendas en la Comunidad Valenciana.