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Cincuenta años viviendo en sus casas y ahora les dicen que las tienen que abandonar. Es la angustiosa situación a la que se enfrentan unas 400 familias en Navacerrada y Cercedilla. La cesión de los terrenos donde fueron construidas sus viviendas ha caducado. La situación afecta a nueve edificios, tres chales, dos albergues y dos residencia militares.

Todo se remonta a 1920. Los terrenos se cedieron a la Sociedad Anónima de Ferrocarril Eléctrico de Guadarrama, con la pretensión de construir un tren y complejos sanitarios para enfermos de tuberculosis. En los años 70 se levantaron bloques de apartamentos y chalets a la falda del Puerto de Navacerrada y en la colonia de Camorritos de Cercedilla.

Ya han pasado cien años y la concesión ha expirado, por lo que los terrenos deberían volver a los dos ayuntamientos que los cedieron en cumplimiento de la ley. Los vecinos afectados se quedarían así sin sus viviendas, al no poderse renovar ni prologar la concesión, según los informes jurídicos de la Comunidad de Madrid. El gobierno regional dice, por tanto, que propietarios y ayuntamientos deben ponerse de acuerdo y buscar una solución a esta situación compleja. Una solución que de momento no llega y que tiene en ascuas a los vecinos.

Desde el Ayuntamiento de Navacerrada, en tono conciliador, entienden que hay que estudiar la situación para no perjudicar a los vecinos, aunque reconocen que la titularidad de los terrenos pertenecen a los consistorios.

En cambio, el Ayuntamiento de Cerdecilla dice que los terrenos le pertenecen y una vez que se cumpla la concesión de cien años, lo construido tiene que volver al Consistorio, por lo que los propietarios tienen que entregar las llaves de las viviendas o, en su caso, pagar un alquiler.

"Nos desahucian"

"Nos desahucian", resume Fernando, uno de los vecinos afectados, que lleva viviendo 20 años en uno de los apartamentos que compró y que denuncia que "no nos dan la posibilidad de negociar con la Comunidad de Madrid, ni plantear una solución al Ayuntamiento de Navacerrada ni de Cercedilla".

Y remarca que hay un informe jurídico, publicado por el Ministerio de Agricultura, en que se señala que hubo "una venta encubierta" por parte del Ayuntamiento de los terrenos en los años 70. Por tanto, serían propietarios de pleno derecho, algo que quieren demostrar judicialmente, y que en todo caso tendrían que ser indemnizados.

"Nos quieren echar. Estorbamos"

"Nos quieren echar. Estorbamos", enfatiza Silvia, otra de las vecinas afectadas que lleva toda la vida viviendo en el Puerto y que intuye que detrás de todo esto podía haber otros intereses.

Un embrollo importante que acabará en los juzgados.