El fiscal general del Estado seguirá en su cargo pese a haber sido imputado por el Supremo

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha anunciado que continuará en su cargo tras ser imputado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos ante la difusión de información sobre el procedimiento por presunto fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

García Ortiz seguirá al frente de la institución, una vez que la Sala de lo Penal ha abierto una causa penal después de que González Amador, investigado por presunto fraude fiscal en un juzgado de Madrid, presentase una demanda en el Tribunal Superior de Justicia por la difusión de datos a medios de comunicación sobre su procedimiento, cuya responsabilidad asumió el fiscal general.

"En el convencimiento de que la continuidad en el cargo es lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo, y de que en puridad refuerza la independencia de la Fiscalía española, anuncio mi intención de seguir ejerciendo mis responsabilidades como Fiscal General del Estado", ha dicho García Ortiz en un comunicado.

Tras admitir que es "consciente de la repercusión pública de la noticia" y que no desconoce que esto afectará a los fiscales de nuestro país, ha convocado para mañana a la Junta de Fiscales de Sala y al Consejo Fiscal "a fin de hacerles partícipes de esta decisión, proporcionar las explicaciones oportunas y escuchar cuanto tengan a bien manifestar los integrantes de ambos órganos".

El Gobierno le defiende y el PP pide su dimisión

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha defendido "la profesionalidad y la honorabilidad" de Álvaro García Ortiz, afirmando que "solo y exclusivamente" defendió a la Fiscalía de una "mentira" lanzada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que dijo que a su pareja le había ofrecido un pacto la fiscalía en el marco del procedimiento abierto por presunto fraude fiscal.

"Yo defiendo no solo la profesionalidad, la honorabilidad del señor García, sino todo el trabajo que viene realizando al servicio de España", ha manifestado.

Por su parte, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha exigido la dimisión ya del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. "No puede seguir ni un minuto más en el cargo, no puede seguir el fiscal general del Estado contaminando todo lo que hace la Fiscalía en nuestro país", ha afirmado la número dos del PP.

El diputado del PP Borja Sémper alertó este miércoles a la portavoz del Gobierno, la ministra de Educación Pilar Alegría, de que “Sánchez les dejará tirados” mientras los miembros del Gobierno y sus socios “se mancharán por defender” al presidente. Así lo aseguró durante su intervención en el Pleno del Congreso, donde preguntó a Alegría “¿de quién es portavoz?”. “Con este gobierno el escándalo de hoy tapa el de ayer, y el de mañana tapará el de hoy”, aseveró el parlamentario, que insinuó que la ministra es portavoz “de los intereses judiciales de la mujer del presidente del Gobierno”.

Pilar Alegría replicó que en el Partido Popular “les gusta convivir mucho con el bulo” y que se siente “muy orgullosa” del Ejecutivo, porque ha subido el salario mínimo interprofesional, las becas y ha recibido millones de euros en fondos europeos. A continuación, devolvió la pregunta a Sémper de si se siente orgulloso de los casos de corrupción del PP. “Aún les quedan 28 causas pendientes de juicio”, subrayó la portavoz entre aplausos de los socialistas mientras enumeraba algunos de ellos.

Una asociación de fiscales pide la dimisión de García Ortíz

La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) ha exigido también este miércoles la dimisión del fiscal general del Estado. En un comunicado de esta asociación, consideran que tras la decisión del alto tribunal, García Ortiz "ha perdido la condición de jurista de reconocido prestigio" que exige el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF). "En otras palabras, es absolutamente incompatible ser jurista de reconocido prestigio y, al mismo tiempo, ser imputado por el Tribunal Supremo como posible autor de un delito", explican.

Para la APIF, el fiscal general "ha perdido completamente la autoridad que debe tener el máximo responsable del Ministerio Público" y por tanto "no es posible que pueda continuar ni un minuto más en este puesto, dirigiendo la institución en toda España, pudiendo dar órdenes de forma expresa a cualquier fiscal y en cualquier asunto".