El desarrollo sostenible, la seguridad ciudadana y la financiación son algunos de los retos de las ciudades iberoamericanas, en las que vive más del 80% de la población de los países de América y Europa que integran la comunidad iberoamericana. El secretario general iberoamericano, el chileno Andrés Allamand, destacó estos desafíos en la apertura este jueves en Madrid del I Encuentro de Ciudades Iberoamericanas.
El encuentro lo organiza la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), que reúne a 29 urbes que suman más de 76 millones de habitantes, en colaboración con la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).
El rey Felipe VI ha asistido a este encuentro para reforzar lazos con los alcaldes de estos países.
Allamand señaló que los gobiernos locales son los más cercanos a los ciudadanos y defendió que los países más desarrollados son los más descentralizados. Entre la problemática que afecta a estas ciudades resaltó la sostenibilidad, al advertir de que no se están cumpliendo metas como la descarbonización hacia 2030 o que Iberoamérica supera la media mundial en residuos urbanos.
Otro de los problemas que "más angustia", subrayó, es la inseguridad, más en países de América que en España, Portugal y Andorra. "América Latina es de lejos la región más peligrosa del mundo", lamentó, algo que será "un verdadero cáncer para la democracia" en los países que la integran si no se soluciona.
Mientras el crimen se ha internacionalizado, la coordinación internacional para combatirlo "es todavía muy floja", observó. Otro reto es la financiación, pues muchas veces los ciudadanos culpan a sus alcaldes de carencias de servicios que en realidad deben asumir otras administraciones como la estatal, comentó el secretario general. "Los alcaldes están sometidos a una enorme presión", recalcó, porque les traspasan responsabilidades pero no recursos: "El gasto tiene que ser más local".
Allamand se refirió también a la migración como otro de los desafíos de la comunidad iberoamericana, ante situaciones complejas como los cerca de ocho millones de venezolanos que han dejado su país, con la consiguiente presión en los servicios públicos de los países que los acogen, ante la que consideró que no hay suficiente respuesta.
Finalmente, alertó de que "estos no son buenos tiempos para la democracia", pues gobernantes, jueces y otros servidores públicos están seriamente cuestionados por la ciudadanía, algo que se puede empezar a corregir "desde los gobiernos locales", dando ejemplo de eficacia, transparencia y lucha contra la corrupción.
