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Los vecinos de Malasaña están desesperados. Protestan por la inseguridad en el barrio y denuncian la última batalla campal que se ha vivido este mismo fin de semana. La Policía Municipal detuvo a 10 jóvenes marroquíes que participaron en una pelea multitudinaria entre más de 30 personas.

El origen de la reyerta podría estar relacionado con el menudeo de drogas, común en la zona.

Los agentes se tuvieron que emplear a fondo para contener a los implicados, ya que estaban muy agresivos y llegaron a tirar contenedores y papeleras al suelo. Varios de ellos resultaron heridos leves en los enfrentamientos.

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Los vecinos y miembros del AMPA del colegio Pi I Margall denuncian que las agresiones son constantes, por lo que siguen reclamando más seguridad.

Los hechos se produjeron durante la madrugada del pasado domingo y fue necesaria la presencia de varias unidades de las Unidades Centrales de Seguridad (UCS) para controlar la situación, el equivalente a los antidisturbios de la Policía Municipal, según ha avanzado ‘El Mundo’ y han confirmado a EFE fuentes policiales.

Según las mismas fuentes, los agentes recibieron amenazas y el lanzamiento de objetos por parte de los participantes en la reyerta, que se mostraron en todo momento muy “agresivos”.

Cámaras

La vicealcaldesa y delegada del Área de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Inma Sanz, pidió este martes a la Delegación del Gobierno en Madrid que "agilice" los trámites para que la Comisión de Videovigilancia autorice la activación de las cámaras de vigilancia en la plaza del Dos de Mayo que ya están instaladas.

Sanz recordó que "las cámaras están instaladas" y "están para funcionar" pero falta "el permiso por parte de la Comisión de videovigilancia". Explicó que están a la espera de que haya fecha para esa Comisión que otorgue el permiso para grabar.

La vicealcaldesa recordó que para otras cámaras de la ciudad hay un calendario también como es el caso de las de plaza Elíptica que también están "simplemente a falta de ese permiso", o las de la calle Cullera y Pradolongo, que están adjudicadas para que se pueda iniciar los trabajos de instalación de las mismas y que estén en funcionamiento "al final del año que viene, en el último trimestre".

"Hemos acortado al máximo todos los plazos para que se puedan estar instaladas lo antes posible, y luego a falta del trámite ese del permiso de la Comisión de videovigilancia", zanjó.