Los campistas de La Fresneda reclaman una solución alternativa al desalojo del camping

50 familias tendrán que abandonar en dos semanas la que hasta ahora ha sido su casa. Viven en el camping de La Fresneda, ubicado en Soto del Real frente a La Pedriza. El Ayuntamiento de Soto les ha notificado que tendrán que abandonar el recinto. Así, alegan, lo obliga la Ley Estatal y Autonómica hasta que se realice una nueva licitación del recinto.

Los residentes piden una solución alternativa al desalojo, y argumentan que en anteriores licitaciones no fue necesario dejar el camping. Tienen de plazo dos semanas. Se tendrían que marchar con sus casa móviles antes del 1 de marzo, según les ha notificado el consistorio en una segunda orden de desalojo. Los campistas acusan al ayuntamiento de "acoso y derribo".

Así, Ricardo Hernández, portavoz de las familias afectadas, en declaraciones a Telemadrid, ha señalado que el 1 de marzo se mantendrán familias en el camping, entre otros motivos porque "es inviable sacar las casas móviles" debido a la falta de terrenos donde ubicarlas y su alto coste.

"Se da la casuística que en la Comunidad de Madrid, el único sitio donde puede ubicarse una moving home es en un camping", dicen. Hacerlo en otro terreno rústico, parcela terreno no urbanizable, "es ilegal".

Los campistas denuncian opacidad e intenciones ocultas por parte del consistorio con un desalojo obligado cuando, en otras ocasiones, las reformas y licitaciones se han realizado sin necesidad del desalojo de as familias.

Desde el gobierno local aseguran que no hay más margen de maniobra para frenar el desalojo administrativo. Alegan que desde la Comunidad se les exigen que para poder licitar un nuevo contrato el camping debe estar desalojado. Así lo explica, Noelia Barrado, alcaldesa de Soto del Real, en de declaraciones de Telemadrid.

Ante las acusaciones realizada por los campistas de que el consistorio se niega a cobrar el agua y la luz y a prestar otros servicios públicos. La alcaldesa señala que el consistorio, al encontrarse en una situación en que no puede haber actividad, administrativamente "no puede cobrar el agua o la luz" asumiendo su coste.