Los patinetes eléctricos, prohibidos en el transporte público de Madrid a partir de este sábado

Este viernes es el último día en el que los usuarios del transporte público en Madrid podrán introducir sus patinetes eléctricos o monociclos en metros y autobuses, urbanos e interurbanos. A partir del sábado 4 de noviembre, los viajeros que no cumplan esa restricción podrán ser expulsados.

La medida se ha adoptado tras el accidente ocurrido el pasado 17 de octubre en la estación de La Elipa, en Madrid, cuando un patinete explotó en un vagón del suburbano.

El veto supone un importante problema de movilidad para las personas que van a trabajar o estudiar combinando estos vehículos de movilidad personal y el transporte público. Lo defienden como una de las soluciones a la movilidad sostenible y proponen, entre otras cuestiones, que exista un vagón específico para estos vehículos con extintores de litio, o que se prohíba entrar en el transporte público con el patinete encendido o cargarlo.

La finalidad de esta medida es garantizar la seguridad en la red de transportes de la Comunidad de Madrid. Lo defienden Medidas similares se han tomado en otras comunidades autónomas, como Cataluña, donde, por el momento, se ha vetado la presencia de estos vehículos de forma indefinida.

La limitación durará hasta que se "verifiquen completamente las condiciones de seguridad" de este tipo de elementos en el transporte público, según el Gobierno regional.

En Buenos Días Madrid hemos hablado con Juan Martos, presidente de la Asociación de Usuarios para la Movilidad Personal. Se muestran en desacuerdo con esta prohibición. "Nos parece fatal, es una medida disuasoria para nuestros vehículos. Son ligeros, ecológicos y no ocupan espacio", explica.

"El accidente de La Elipa fue un hecho asilado", asegura. "Proponemos prohibir la carga de estos vehículos durante los trayectos en transporte público, pero que podamos llevarlos como hasta ahora, incluso en un vagón exclusivo, como ocurre en Italia", reclama.

El incumplimiento de la normativa conllevará la inmediata expulsión de los infractores, que además tendrán que hacer frente a multas económicas de entre 100 y 200 euros, según el CRTM.