Víctimas de la 'inquiokupación' se manifiestan a las puertas del Congreso: "No los podemos echar porque los consideran vulnerables"

Los afectados por la denominada 'inquiokupación' se manifiestan esta mañana en el Congreso para pedir al presidente del Gobierno que apruebe una ley antiokupación. Lola, Marí­a Luisa y Yolanda son tres miembros de la Plataforma de Afectados por la okupación que tienen sentencias favorables y varias fechas de desahucio aplazadas por la justicia. Sus 'inquiokupas' han sido declarados vulnerables, pero la okupación ha sido la que ha arrastrado a las ví­ctimas a la vulnerabilidad.

María Luisa alquiló su casa en Móstoles y no tuvo problemas en el pago de la renta hasta la primavera de 2019. La inquilina le pidió que traspasara el contrato a unos hermanos. A partir de ese momento dejaron de pagar el alquiler. Les llevó a juicio y cuando el juicio iba a salir llegó la pandemia retrasándose todo. El juicio se celebró, por fin, en 2021 con sentencia firme a favor de la propietaria. El lanzamiento se pospuso varios meses, y cuando iba a producirse los 'inquiokupas' alegaron que eran vulnerables.

"Me deben sobre unos 25.000 euros. Después de dos años el contrato esta expirado desde el 3 de julio de 2020. Lo último es que a mi también me consideran vulnerable porque no tengo otro piso. Estoy durmiendo en los sofás de las casas de mis amigos. Le han dado una solución habitacional a la 'inquiokupa' pero la ha rechazado. No sé si eso la ley lo permite”, explica la afectada.

Lola es otra afectada por la 'inquiokupación'. Su inquilina lleva más de 2 años sin pagar el alquiler de 625 euros. Desde entonces, además de perder la renta, Lola le está pagando la comunidad, la calefacción y el agua. Ya debe más de 4.000 euros a la comunidad de vecinos. La 'inquiokupa' alega que no tiene trabajo y está protegida por la ley de escudo social que impide los desahucios. El juez, atendiendo a los informes de los trabajadores sociales, no dicta un alzamiento por su condición de vulnerabilidad.

"Tienen que ejecutar la sentencia que tengo firme y se finaliza mi problema. No puedo soportar más que me expropien mi casa día tras día. No los podemos echar porque los consideran vulnerables", señala. Pide que dejen de ser escudos sociales por los que no se pueden ejecutar dichas sentencias. "Los míos son falsos vulnerables. Son dos hermanos que cobran subsidios. He tenido la paciencia de ir a mi casa y hacer fotos. Mi casa es un hotel. Acuso al servicio social de Móstoles de no hacer las investigaciones correctas para detectar quien es vulnerable verdadero de quien quiere vivir gratis”, concluye.

Por último, a Yolanda le deben 22.000 euros en los tres años y tres meses que tiene su vivienda okupada y apela directamente a la 'inquiokupa' a que salga de su casa.