Vídeo: EFE | Foto:Telemadrid
(Actualizado

La Policía Nacional ha detenido en Madrid y Toledo a los catorce integrantes de una banda acusada de estafar cerca de 500.000 euros a 36 pensionistas de Madrid, a los que sustraían sus datos cuando acudían a tramitar el abono transporte en un estanco del distrito de Carabanchel.

La denominada Operación Pensiones ha culminado tras más de un año de investigaciones y ha tenido dos fases desde que se conoció la existencia de este grupo criminal que estafó a 36 personas mayores de 65 años de la Comunidad de Madrid.

Por estos hechos han sido imputados dieciocho integrantes de la banda, de los que catorce fueron detenidos, a los que se acusa de los delitos de estafa, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.

Solicitaban certificados a la Seguridad Social

La investigación se inició en la ciudad de Toledo cuando dos de los miembros del grupo criminal acudieron al Instituto Nacional de la Seguridad Social, donde utilizaron documentación falsa para obtener unos certificados que acreditasen que varias personas ajenas a ellos percibían una pensión.

Los agentes siguieron el rastro y relacionaron los hechos con el distrito madrileño de Carabanchel, ya que era el lugar de residencia de las víctimas y con un estanco donde acudían todas ellas para solicitar el abono transportes de Madrid, una actividad que no está permitida a este tipo de establecimientos desde el año 2018.

Además los investigadores localizaron a la primera víctima, un hombre de 65 años al que un banco reclamaba cuotas de un crédito por la compra de un vehículo.

Se determinó que el estanco de Carabanchel era la base de operaciones del grupo, donde aprovechaban la confianza de los clientes y el propietario seleccionaba a las futuras victimas, todas ellas mayores de 65 años, a las que fotocopiaba su documentación.

Solicitaban creditos a entidades financieras con la documentación de sus víctimas

Otra persona recibía la documentación y se la hacía llegar al resto de integrantes de la banda quienes falsificaban los documentos necesarios para acudir a diferentes organismos públicos con el objeto de obtener justificantes de ingresos de las víctimas con los que después solicitaban créditos a diferentes entidades financieras.

En esta primera fase los agentes detuvieron a siete personas e identificaron a 24 víctimas a las que habían causado un perjuicio de 265.309 euros.

En el registro del estanco los policías encontraron copias fraudulentas de más de un centenar de personas por lo que la investigación entro en una nueva fase.

Posteriormente, fueron detenidas otras siete personas, otras cuatro investigadas, y localizaron a más víctimas de esta estafa.

La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.

El total del perjuicio económico asciende a 496.898,50 euros y gracias a la investigación realizada desde la comisaría provincial de Toledo se evitó que consumasen varias operaciones que les habrían proporcionado un beneficio ilícito de 72.515 euros más.

Además, también se recuperó parte del material electrónico y los teléfonos conseguidos ilícitamente, así como cinco vehículos que fueron adquiridos de manera fraudulenta por los detenidos.