Los pisos turísticos en la capital están en el punto de mira. Por un lado, vecinos hartos y desesperados porque cada fin de semana se celebran multitud de fiestas ilegales a pesar de la pandemia. Y de otro, los propietarios de esos pisos que se sienten criminalizados y aseguran que su sector va camino de la ruina. Por eso reclaman ayudas directas al Gobierno central a y a la Comunidad.
Adolfo Merás, presidente de Madrid Aloja y miembro de la junta FEVITUR, señala que “criminalizarnos ya es un habitual, no nos gusta, pero entendemos que es noticia. Hasta ahora hemos trabajado con un protocolo y ahora estamos contentos con la orden del jueves pasado del Ayuntamiento que habilita a la Policía para inspeccionar, era lo que veníamos reclamando”
Fiestas ilegales
Jordi Gordon, de SOS Malasaña, se queja de la proliferación de pisos turísticos. “Sí, se producen fiestas –confirma-, conozco a familias que todos los fines de semana se saltan el toque queda y el estado de alarma y ponen en riesgo la salud de los vecinos, no dejan descansar a los vecinos y luego salen y contagian a los demás y tenemos muertos”
Aldolfo Merás asegura que “nosotros compartimos la postura vecinos, no puede ser que sufran, nosotros en Asociación les solicitamos distancia mínima de alquiler de 15 días. No se puede controlar el uso, pero tenemos controles de ruidos y lo denunciamos, pero cuando llegaba la Policía no abrían la puerta y esto es frustrante, ahora, sin embargo, podemos avisar”.
Jordi Gordon señala que “no se puede controlar, si hay gente que llega con la llave, ¿cómo explicamos que en un piso turístico haya fiesta todos los fines de semana? Además la normativa dice que la mayoría de pisos no son legales y se saltan la normativa”.
El lucro y la salud
Adolfo Merás recuerda la sentencia que salió y “no estábamos incluidos en plan urbanismo, pero eso se va a revisar, para que permita la convivencia de los vecinos. Necesitamos leyes que lo regulen. Por ejemplo, esta de las inspecciones de la Policía.
Reclaman ayudas para el sector, “hemos asumido ICOS y tenemos viviendas cerradas porque no hay turistas, estamos hablando de 300.000 viviendas”, dice Merás.
Jordi Gordon señala que “podría darse la paradoja de que en pisos turísticos que no son legales y ponen en riesgo salud, encima los vecinos tengan que solucionarlo. Es evidente que los pisos turísticos se están alquilando como negocio incluso “criminal” porque estamos jugando con la salud, mientras esa gente de las fiestas se va de rositas y se están lucrando”.