La Fiscalía investiga el pago de 1,4 millones de euros del Barça a un directivo de Comité Técnico de Árbitros

La Fiscalía de Barcelona ha abierto una investigación por un presunto delito de corrupción entre particulares por el pago de 1,4 millones de euros por parte del Fútbol Club Barcelona al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, entre 2016 y 12018, cuando el equipo estaba presidido por Josep María Bartomeu.

Las diligencias se abrieron después de que la Agencia Tributaria (AT) detectase los pagos en una inspección fiscal a la empresa Dasnil 95, propiedad de Enríquez Negreira, y cuyo administrador es su hijo, Javier Enríquez Moreno.

El exdirectivo del CTA no pudo acreditar ante la Agencia Tributaria los servicios que había prestado al Barça a cambio de esos pagos y acabó asegurando que fueron el pago por un servicio de asesoramiento “verbal” al club.

Los pagos se realizaron entre los años 2016 (532.728 euros), 2017 (541.752 euros) y 2018 (318.200 euros) y cesaron el año en que Enríquez Negreira dejó su cargo en el CTA. El Barça admitió ayer a través de un comunicado que contrató a Negreira como consultor y que recibió de él “informes técnicos relacionados con el arbitraje profesional”.

Más allá de las posibles repercusiones penales, es posible que este asunto tenga consecuencias deportivas.

Un caso similar se descubrió en Italia en 2006. Entonces, la Juventus de Turín fue castigada con un descenso de categoría y tuvo que satisfacer multas por el intento de influir en los árbitros.

El Departamento de Integridad de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha iniciado "un requerimiento de información reservada tanto a los responsables del Comité Técnico de Árbitros (CTA) como del FC Barcelona", ante "el conjunto de informaciones conocidas en el día de ayer".

Dichas informaciones apunta al pago de 1,4 millones de euros por parte del club entre 2016 y 2018 al entonces vicepresidente del CTA, José María Enríquez Negreira.

En un comunicado, la RFEF señala que "tras las elecciones a la Presidencia de la RFEF a finales de mayo de 2018, con la llegada del actual equipo de gobierno, se renovó la cúpula del CTA, cesando a los anteriores directivos entre los que se encontraba el Sr. Enríquez Negreira".

"La RFEF exige, además de la declaración de no conflictos de intereses a todos los miembros de diversos órganos y empleados, una declaración ampliada firmada por todos los miembros de los comités disciplinarios y de designación arbitral en la que se obliga a detallar cualquier ingreso, al margen de lo percibido en la RFEF, que pudiera estar relacionado con el fútbol a los efectos de poder evaluar y verificar la efectiva y real inexistencia de conflictos de intereses. Todos los miembros han presentado y firmado dichos documentos", continua la federación.

Tras informar de la apertura del mencionado "requerimiento de información reservada tanto a los responsables del CTA como del FC Barcelona", la RFEF agrega que también ha acordado "personarse en los posibles procedimientos judiciales que se sigan sobre este asunto".

"En el momento en que se disponga de la información suficiente, la RFEF adoptará las medidas correspondientes dentro del marco de legalidad que debe imperar en todas estas situaciones", concluye el comunicado.