La Fiscalía pide imputar a Sánchez Arminio por el presunto desvío de 8 millones

La Fiscalía Anticorrupción ha respaldado la petición de La Liga en el marco del 'caso Soule' y pide la imputación del que fuera presidente del Comité Técnico de Arbitros (CTA) hasta 2019 Victoriano Sánchez Arminio.

El ente dirigido por Javier Tebas pidió a la Audiencia Nacional que se le investigara por el presunto desvío de 8 millones de euros que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) debía destinar a los árbitros.

En el informe de la fiscal Inmaculada Violán, Anticorrupción se adhiere a varias de las diligencias solicitadas por La Liga si bien rechaza que se investigue por estos hechos a la propia RFEF.

En el escrito, la fiscal recoge que la Liga interpuso recurso frente a un auto de 23 de enero que denegaba determinadas diligencias con el objeto de esclarecer los motivos y circunstancias que llevaron a que desde 2009 a 2017 se destinaran parte de los fondos aportados por La Liga a la RFEF a fines distintos de los previstos en los convenios de coordinación suscritos.

El juez instructor, Alejandro Abascal, indicaba que si bien no eran pesquisas sorpresivas, sí eran "irregulares" dada la fase procesal en que se solicitaba, casi finalizada la instrucción.

La Liga quería citar a declarar como investigados tanto a Sánchez Arminio como a Angel María Villar, ya imputado, y Raúl Massó, quien es en la actualidad coordinador de partidos en RFEF.

Para Abascal, era un "llamamiento tardío de nuevos investigados" y podía conllevar un posible menoscabo de su derecho de defensa.

Además, aducía que las personas propuestas ya habían comparecido como testigos en 'Soule' "sin que se aporte ningún indicio nuevo".

Pero el Ministerio Público indica que "es indudable" que las declaraciones propuestas están relacionadas con los hechos objeto de investigación, y recuerda que se indaga en "la presunta desviación de fondos aportados por La Liga a la RFEF, con destino finalista, en virtud de los convenios de colaboración suscritos entre ambas asociaciones en los años 2006, 2010 y 2014, y su aplicación a fines distintos de los previstos".

Así, de Sánchez Arminio, la fiscal recuerda que era el presidente del Comité Técnico de Arbitros desde 1993 a 2019, y miembro de la Comisión Arbitral para la competición oficial de ámbito estatal y carácter profesional que regula los convenios de coordinación Liga-RFEF.

De Raúl Massó apunta que era secretario general técnico del Comité de Arbitros desde 2002 al 2018, y de Angel María Villar que era el presidente de la RFEF. Apunta que a Villar no se le ha oído en declaración sobre estos hechos concretos.

Por eso, considera que "no puede compartir el fiscal la argumentación de un llamamiento tardío en la condición de investigados" de Sánchez Arminio y Massó si se atiende a cual ha sido el transcurso de la investigación, que se demoró por la designación de peritos pero que tras acordarse la diligencias periciales ha tenido "un correcto ritmo procesal".

HONORARIOS ARBITRALES

De los informes periciales y de las testificales, se extrae que La Liga percibe fondos de la recaudación de las quinielas, cuyo control y seguimiento tiene encomendado el Consejo Superior de Deportes, según explica Violán.

Esos pagos, que se materializan a través de los convenios de coordinación Liga-RFEF, "revelan que las aportaciones realizadas por La Liga a la RFEF correspondientes a los honorarios arbitrales, exceden de los gastos contabilizados por la RFEF en casi 8 millones de euros correspondientes a estos conceptos, indicando que esta diferencia no se encuentra justificada y que no han sido destinados a su fin".

Violán añade que cualquier otro tipo de obligación a sufragar mediante ese remanente, "requiere previa comunicación y acuerdo favorable de la comisión del CSD.

Suma a esta revelación que la instrucción ha permitido conocer que por decisiones internas de la Federación en las que habría intervenido tanto Villar como Massó, en relación con los honorarios y otros gastos arbitrales, "se destinó parte de dicho importe a otro tipo de gastos diferentes a los previstos en los convenios".

Violan, en su informe indica que la RFEF ha aportado a la causa la documentación justificativa de los gastos sufragados con aportaciones de La Liga en virtud del convenio, y reflejan los honorarios arbitrales, alojamientos, dietas, etc.

Y añade que no consta en la pericial el análisis de esa documentación, por lo que entiende que debe ser la Intervención General del Estado (IGAE) quien debe ampliar esa pericial para determinar si ha habido desviación de fondos públicos.

LA DERIVADA NEGREIRA

Se da la circunstancia de que este mismo martes trascendió que La Liga había solicitado al juez que instruye 'Soule' que investigue una serie de pagos que hizo este organismo al hijo del ex vicepresidente de los árbitros José María Enríquez Negreira durante la etapa de Villar.

Se trata de unos 4.400 euros que la RFEF habría pagado en varias tandas entre 2011 y 2016 a Javier Enríquez. Las fuentes consultadas apuntan que en su día La Liga ya pidió en el marco del 'caso Soule' que la RFEF aclarara una serie de pagos que estarían injustificados, pero que una vez conocido el ya denominado 'caso Negreira' ha insistido en aclarar este extremo.

El responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 1, Alejandro Abascal, acordó el pasado agosto prorrogar sus pesquisas sobre 'Soule' a la espera de recibir varios informes pendientes.

En los últimos remitidos por la Intervención General del Estado (IGAE), se advertía al instructor de la existencia de irregularidades de distinta índole en las obras y la construcción de varios campos de fútbol en España.

Fue la semana pasada cuando se conoció que la Fiscalía de Barcelona investigaba el pago de 1,7 millones que, presuntamente, el FC Barcelona habría hecho a Enríquez Negreira.