La consejera de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid, Ana Isabel Mariño, ha afirmado este jueves que son las entidades sociales o sindicales adjudicatarias de los fondos para la formación continua las que asumían "compromisos muy precisos" sobre el control de los cursos de formación, mientras que toda la oposición parlamentaria le ha pedido la celebración de una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid.
Este debate se ha producido en el pleno de la Asamblea de Madrid tras conocerse presuntos fraudes cometidos con los fondos públicos entregados a asociaciones empresariales y sindicales para cursos de formación on line, que han dado lugar a que la consejera haya anunciado cambios en la formación continua como multas que tripliquen la cantidad no justificada.
En su intervención, la consejera ha echado mano de la normativa y ha apuntado que la ley dice que las entidades adjudicatarias "deben asumir compromisos muy precisos en lo que a control de formación se refiere" y ha añadido que, además, la norma dice que pueden imputar hasta un diez por cien de la cuantía que reciben a tareas de control y auditoría de estos cursos.
