Esta semana IU Madrid reunirá a sus órganos de dirección para evaluar los pasos a seguir tras esta expulsión, que planean recurrir en los tribunales.
La guerra que desde hace meses mantiene la dirección nacional de izquierda unida con la Federación Madrileña ha terminado en divorcio: se desvinculan a todos los efectos: legales, jurídicos y políticos. No van a hacerse cargo por tanto tampoco de la abultada deuda del partido a nivel regional: casi dos millones de euros con Hacienda y la Seguridad Social y otro millón con proveedores. La resolución ha sido aprobada con 70 por ciento de los votos.
El peligro ahora es que izquierda unida pierda por el camino a muchos de los 5.000 militantes madrileños, que tendrían que volver a afiliarse a la nacional. Se emprende también ahora una batalla por quién puede utilizar sus siglas y hay que decidir qué hacer con sus cargos electos en la Comunidad de Madrid, un centenar de concejales y cinco alcaldes.
Van a pelear por ello, anuncian, en los tribunales, porque entienden que la decisión atenta contra los derechos de asociación y sus estatutos. La dirección nacional del partido defiende la expulsión por la necesidad de crear un espacio "más cómodo y más amable" hasta las elecciones generales.
