La Guardia Civil ha detenido en Arganda del Rey a cinco miembros de una misma familia por una estafa que supera el millón de euros a más de dos mil personas, la mayoría de origen sudamericano, mediante empresas de paquetería que ofertaban envíos que en rara ocasión llegaban a su destino.
A estos cinco arrestados, de nacionalidad colombiana, se les atribuyen delitos de administración desleal y contra los trabajadores, blanqueo de capitales, estafa y falsificación de documento público y, además, la Guardia Civil ha imputado a otros tres compatriotas suyos que residen en su país de origen.
A raíz de la denuncia de una víctima se inició la investigación de una empresa de paquetería y se averiguó que los implicados llevaban operando en España desde mayo de 2006, informa la Guardia Civil.
El estudio de la documentación empresarial ha permitido conocer que las personas que participaban en la sociedad mercantil nombraban a un administrador único, establecían el domicilio social en un piso y alquilaban una nave industrial desde la que operaban con mercancía que supuestamente iba destinada a otros países.
Para lograr clientes repartían panfletos publicitarios generalmente en la puerta de edificios oficiales con afluencia de sudamericanos e insertaban cuñas publicitarias en radios de ámbito latinoamericano, ofertando el transporte de la mercancía hasta un veinte por ciento más barato.
Gracias a la documentación intervenida se ha podido determinar que estas personas han logrado crear tres empresas de estas características en España, dos en la Comunidad de Madrid y una más en la de Valencia, utilizando el mismo modo de operar con el que han conseguido estafar a más de dos mil personas, la mayoría de origen sudamericano.
Asimismo, se ha podido averiguar que los detenidos no pagaban las nóminas a sus empleados y se estima que la estafa cometida supera el millón de euros.
La Guardia Civil ha registrado dos naves, una en Arganda del Rey y la otra en Mislata (Valencia), en las que ha localizado gran cantidad de paquetes conteniendo desde pequeños objetos hasta muebles, que permanecerán a disposición judicial hasta que sean localizados sus propietarios, muchos de los cuales se encuentran fuera de España.
En las naves industriales alquiladas por los detenidos se almacenaba la mercancía que nunca llegó a salir de España.
También se han detectado partidas comerciales en contenedores retenidas en puertos de destino y que tampoco han sido entregadas a sus destinatarios por la falta de pago de los derechos arancelarios.
Los detenidos ya han pasado a disposición judicial y la investigación continúa abierta.
